La ley de amnistía será evaluada por los mismos letrados que la rechazaron en 2021
El cuerpo de funcionarios del Congreso declaró inconstitucional la proposición la pasada legislatura por su semejanza a un indulto general
- Mismos letrados que hace tres años
- Nuevo secretario general y letrado mayor
- Semejanza a un indulto general
- Sortear el motivo que alegaron los letrados en 2021
- Sin informe del CGPJ y el Consejo de Estado
- Exigencia para la investidura
- Los plazos
El lunes, el Partido Socialista registró en solitario la proposición de ley de amnistía para todos los encausados por el procès independentista. Una medida que tendrá que ser admitida a trámite por la Mesa del Congreso de los Diputados y, al igual que todas las iniciativas legislativas, deberá pasar el filtro del cuerpo de letrados, encargados de advertir, mediante un informe no vinculante, si la proposición puede violar la Constitución vigente.
Según ha podido confirmar Confidencial Digital de fuentes parlamentarias, los integrantes de ese cuerpo de funcionarios apenas ha variado y, en su inmensa mayoría, son los mismos que ya rechazaron la amnistía por inconstitucional en 2021.
Mismos letrados que hace tres años
La propuesta que ha registrado el PSOE tendrá que ser revisada por los mismos juristas que la consideraron ilegal hace tres años. El equipo de letrados de la Cámara Baja está integrado por decenas de profesionales —más de 50—, que se encargan —entre otras funciones— de asesorar a la presidencia del Congreso, ostentada ahora por Francina Armengol.
Este equipo es casi el mismo que en 2021. "Aquí nos conocemos todos, y la gran mayoría llevan más de cinco años trabajando como letrados", cuentan a ECD fuentes parlamentarias, que, no obstante, admiten que sí ha habido algunos cambios.
Nuevo secretario general y letrado mayor
El más importante reside en el nombramiento de Fernando Galindo como nuevo secretario general y letrado mayor del Congreso.
Ha sido una designación muy reciente que compete, exclusivamente, a Armengol. Un 'fichaje' polémico, pues, hasta que se hizo público su nuevo puesto, trabajaba como subsecretario en el Ministerio de Política Territorial, dirigido por la socialista, y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Su antecesor, Carlos Gutiérrez Vicén, llevaba meses solicitando dejar el cargo, motivo que alegan desde la presidencia para justificar la sustitución.
Galindo tendrá, por tanto, que pronunciarse sobre la legalidad de la medida impulsada por el PSOE, como jefe del equipo jurídico, si bien será el conjunto del equipo funcionarial el que tome la decisión: no él solo.
También ha habido algún relevo, pero la gran parte de los funcionarios que forman este equipo es el mismo que el de la pasada legislatura.
Semejanza a un indulto general
En marzo de 2021, un año después de la formación de Gobierno, los grupos catalanes independentistas representados en la Cámara —Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP— registraron una proposición de ley conjunta para amnistiar —eliminar los procesos judiciales— de todas las personas afectadas por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Los letrados del Congreso analizaron el texto y concluyeron que infringía la Carta Magna por su semejanza a un indulto general. Se trata de una herramienta que "no tiene cabida" en la Constitución, explicaba el informe emitido por los juristas. “Entraría en una contradicción palmaria y evidente" —continuaba el dictamen— con el artículo 62 de la Constitución, que impide este tipo de indultos. El Gobierno solo puede otorgar perdones individuales, caso por caso, no a un grupo de personas.
El Partido Socialista apoyó entonces los argumentos esgrimidos en el informe y tumbó la proposición de ley, que nunca llegó a debatirse en el hemiciclo.
Sortear el motivo que alegaron los letrados en 2021
El texto redactado por los socialistas y Junts per Catalunya intenta sortear un nuevo informe negativo de los juristas del Congreso.
La proposición del año 2021 señalaba las causas judiciales concretas que se verían afectadas por la medida de gracia. Ahora, los redactores han buscado enfocarlo de forma distinta, para no incurrir en el mismo error. La nueva ley apunta a los delitos que resultarán beneficiados de esta iniciativa legislativa.
Sin informe del CGPJ y el Consejo de Estado
Al haberse presentado por un grupo parlamentario —proposición de ley— y no por el propio Gobierno —proyecto de ley—, la norma evita dos informes: el del Consejo General del Poder Judicial y el del Consejo de Estado. Solo se realizarán si la Mesa lo solicita. Previsiblemente, tanto el Partido Popular como Vox —contrarios a la aprobación de esta medida de gracia— exigirán que se pidan. En cualquier caso, se trata de dictámenes no vinculantes.
El CGPJ optó por emitir un comunicado oponiéndose a la ley de amnistía antes de conocer el texto y de que este se hiciera público, a pesar de que no tenía competencias para ello al no ser una iniciativa del Ejecutivo.
Exigencia para la investidura
La 'ley del olvido' impulsada por el PSOE surge de las exigencias de Junts per Catalunya como condición para apoyar la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, que resultó reelegido como jefe del Ejecutivo este jueves con 179 votos a favor, de los 350 que forman el Congreso de los Diputados.
A pesar de que distintos miembros del Gobierno se han pronunciado a lo largo de los últimos años en contra de esta medida de gracia, por considerarla "inconstitucional", los socialistas han pactado, tanto con Junts como con ERC, un texto que extinguirá todas las causas judiciales abiertas por el procès impulsado por el independentismo: desde 2012, cuando se celebró la consulta convocada por el entonces president, Artur Mas, hasta la actualidad.
También incluye a los policías con causas abiertas por las cargas que realizaron el 1 de octubre de hace seis años para impedir las votaciones en los colegios electorales, aunque en este caso sí hay excepciones: no se aplicará si se ha causado un daño grave, como una muerte o incapacidad.
Los plazos
El grupo del PSOE en el Congreso ha solicitado que la ley se tramite "de urgencia". Sumar, Junts, Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu, PNV y BNG se han unido a esta petición a través de un documento conjunto presentado este viernes ante la Mesa de la Cámara. Esa vía reduciría a la mitad los tiempos para la aprobación de la ley de amnistía y podría ser derivada al Senado en menos de un mes.
En principio, el próximo martes, 21 de noviembre, la Mesa se reunirá para calificar esta proposición legislativa y será después cuando pase a examen del equipo de letrados.
