Balance de la ola de pinchazos en discotecas este verano: 217 denuncias y dos detenidos

Interior no confirma si en estos episodios se produjo sumisión química porque ese extremo solo se puede comprobar mediante análisis médicos

Fiesta en una discoteca.
Fiesta en una discoteca.

Los Mossos investigan el intento de sumisión química a dos jóvenes en una discoteca del Raval”. “Jóvenes denuncian pinchazos en Castellón, Valencia, Lleida, Pontevedra y A Coruña”. “Cinco comunidades autónomas investigan las denuncias de pinchazos a mujeres jóvenes en zonas de ocio”…

Titulares como estos se repitieron en medios de comunicación este verano, en julio y agosto. Por toda España se fueron conociendo denuncias de mujeres jóvenes que en discotecas o en fiestas populares decían haber notado pinchazos, o bien habían empezado a perder el sentido, o se habían sentido mal.

Se temía que hombres estuvieran pinchando sustancias a las jóvenes, para anular su voluntad y poder abusar sexualmente de ellas.

Agresión sexual

El Gobierno PSOE-Unidas Podemos afirmó está muy preocupado por esa ola de pinchazos, y argumentó que, con la nueva Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que en verano estaba a punto de ser aprobada, estas conductas se castigarían como “agresión sexual”, y no como abuso sexual, como ocurría hasta entonces.

El fenómeno de los pinchazos tuvo su pico entre finales de julio y principios de agosto. Pero a finales de este último mes las denuncias se desplomaron

Además, a la Policía no le constaba que realmente se les hubiera inyectado sustancia química alguna a las chicas que denunciaron estos pinchazos.

Datos del Ministerio del Interior

Confidencial Digital ha consultado un documento del Ministerio del Interior que aporta algunos datos sobre esta oleada de pinchazos en lugares de ocio nocturno.

Se trata de una resolución fechada el 29 de septiembre, y que firma la directora de gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad, como respuesta a una solicitud de acceso a la información pública formulada al amparo de la Ley de Transparencia de 2013.

La resolución fue en parte denegatoria, ya que Interior rechazó revelar los protocolos de respuesta de las Fuerzas de Seguridad ante las denuncias por pinchazos.

 

Pero sí desveló algunos datos, del balance de esas semanas, en las que hubo cierta psicosis en toda España.

217 infracciones penales por pinchazos

Interior informó al particular que había solicitado información que “los datos disponibles sobre infracciones penales en las que se ha producido pinchazos a personas, durante los meses de julio y agosto de 2022, conocidos por Policía Nacional y Guardia Civil, es de 217”.

El concepto de infracción penal abarca tanto a los delitos como a las faltas, es decir, todas las “acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley”. No se precisa si los 217 son casos confirmados de pinchazos, excluyendo por tanto posibles denuncias falsas.

Cabe apuntar que esos datos aportados por Interior, en principio, no incluirían las denuncias que hubieran recogido otros cuerpos, como las policías locales y las autonómicas (Mossos d’Esquadra, Ertzaintza), estas últimas con competencias de seguridad ciudadana en Cataluña y País Vasco. En ambas comunidades también se conocieron casos de denuncias por pinchazos a jóvenes en fiestas.

Dos detenidos o investigados

Interior también aseguró en esta contestación a una petición de Transparencia que no se puede precisar si en esos 217 casos se había producido sumisión química. Explicó que esto es así porque la sumisión química “es un concepto que debe ser determinado mediante análisis médicos”.

Por último, el ministerio desvela que se detuvo o investigó a dos personas por denuncias de pinchazos entre los meses de julio y agosto. Por tanto, sólo se produjeron detenciones en el 1% de las denuncias.

Rechaza desvelar el protocolo policial

A lo que no accedió Interior, como ya se ha indicado, es a informar de los protocolos de la Policía y la Guardia Civil para atender esas denuncias.

El ministerio alegó varias causas de denegación de información pública que contempla el artículo 14 de la Ley de Transparencia: aseguró que desvelar esa información supondría un perjuicio para la seguridad pública, para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, y también para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

“Los protocolos de actuación son procedimientos de trabajo en los que se combinan los medios humanos y materiales con los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan para llevar a cabo la misión encomendada de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”, explica Interior, que añade que dichos procedimientos forman parte “de la esfera de información sensible para el buen desempeño de estos objetivos”.

Remarca que “la divulgación de procedimientos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado perjudicaría el cumplimiento de la misión encomendada, comprometiendo las actuaciones que se llevan a cabo para la prevención e investigación de infracciones tanto de carácter administrativo como penal”.

Es decir, que “la divulgación de cualquier protocolo de actuación policial afectaría a la efectividad de la investigación y posterior esclarecimiento de los hechos”.

Ya había sucedido en Francia y Reino Unido

Sobre el fenómeno de los pinchazos en discotecas, conciertos y fiestas populares este verano, se barajaron varias hipótesis respecto al origen de la oleada de incidentes: desde el reto viral y la gamberrada, hasta una consecuencia del efecto llamada.

No pasó desapercibido que, antes que en España, la sucesión de denuncias por pinchazos a mujeres jóvenes se dio en Francia.  Tanto en el país vecino, como en Reino Unido se vivió un pico de pinchazos, pero en ninguno de los dos casos se llegó a saber qué pasaba.

San Sebastián de los Reyes

En España se dieron casos como el de las fiestas de San Sebastián de los Reyes (Madrid), en agosto.

Los voluntarios de Protección Civil atendieron a 86 chicas de entre 16 y 18 años, que denunciaron haber sufrido pinchazos durante el concierto de Omar Montes. Pero se comprobó que no se habían producido esos pinchazos, sino que circuló un bulo en redes sociales y se desató el pánico.

El Gobierno de Pedro Sánchez se puso a preparar de urgencia unos kits con los que se pudieran hacer análisis toxicológicos a quienes denunciaran estos pinchazos, o quienes decían haber perdido el sentido, o haberse sentido mal en discotecas o fiestas. Y es que en la mayoría de los casos no se encontró ninguna sustancia que confirmara el intento de sumisión química.

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