El Gobierno no revela qué recomendó la Abogacía del Estado sobre la compra de balas israelíes
Se escuda en la confidencialidad y sólo explica que ofreció distintas posibilidades en el marco de la legalidad y de acuerdo con los intereses generales
La compra de munición del calibre 9 mm para las armas cortas de la Guardia Civil lleva meses causando problemas al Gobierno de España y al Ministerio del Interior.
- Adjudicación a empresas israelíes desata controversia política
- Anulación de la adjudicación y su limbo
- Reacción de los socios de la izquierda del PSOE
- Explicación del Ministerio del Interior
- Decisión basada en la Abogacía del Estado
- Presión política para bloquear el contrato
- Pregunta parlamentaria de Vox
- Respuesta del Gobierno a Vox
- Preguntas del Partido Popular y respuesta del Ejecutivo
- Compromiso del Gobierno con la seguridad nacional
Adjudicación a empresas israelíes desata controversia política
La decisión de la mesa de contratación de la Dirección General de la Guardia Civil de adjudicar dos lotes de millones de cartuchos por varios millones de euros a las empresas israelíes Guardian Homeland Security e IMI Systems se convirtió en motivo de trifulca política.
Anulación de la adjudicación y su limbo
Confidencial Digital reveló ese acuerdo a finales de octubre de 2024. Días después, el Ministerio del Interior anunció que iba a rescindir la adjudicación, dentro de la política del Gobierno de Pedro Sánchez de no comprar ni vender material de defensa y seguridad con empresas israelíes o con el Estado de Israel, como forma de presión por la guerra de Gaza.
Reacción de los socios de la izquierda del PSOE
La licitación quedó en un limbo, hasta que en plena Semana Santa la Dirección General de la Guardia Civil formalizó el contrato que seis meses antes Interior dijo que iba a anular.
De nuevo la noticia revelada por Confidencial Digital soliviantó a los socios a la izquierda del PSOE, sobre todo a Izquierda Unida, que amenazó con romper el Gobierno de coalición si no se anulaba, de verdad, esa compra de munición de origen israelí y todas las que se hubieran hecho a empresas de ese país.
Explicación del Ministerio del Interior
Cuando estalló esa segunda polémica, el Ministerio del Interior deslizó a los medios su explicación de lo sucedido. Afirmó que conoció la adjudicación días después de que la aprobara la Guardia Civil, y entonces puso en marcha un estudio sobre la posible rescisión del contrato adjudicado.
Decisión basada en la Abogacía del Estado
Tras estudiar todas las posibilidades de anulación, el ministerio decidió atender la recomendación incluida en una comunicación de la Abogacía del Estado, que desaconsejó la rescisión debido a la avanzada fase de tramitación del contrato, según recogió Libertad Digital.
El principal inconveniente era que “la anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados”.
Presión política para bloquear el contrato
Pese a ello, la presión de sus socios llevó a Pedro Sánchez a ordenar que se buscara la fórmula para bloquear el contrato. Según se explicó entonces, la idea era denegar la licencia de importación a Guardian e IMI Systems.
Pregunta parlamentaria de Vox
Cuando estalló esa segunda polémica, tres diputados de Vox, incluido el general retirado Alberto Asarta, registraron en el Congreso una pregunta parlamentaria sobre esta polémica licitación de cartuchos para la Guardia Civil.
Respuesta del Gobierno a Vox
Confidencial Digital ha consultado la respuesta que el Gobierno de Pedro Sánchez dio a los diputados de Vox.
A las cuatro primeras preguntas no respondió directamente, sino que remitió a los diputados “a lo manifestado el Ministro del Interior ante el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 21 de mayo, con motivo de su comparecencia para explicar la posición del gobierno sobre la formalización de contratos para la compra de armamento al Estado de Israel, incumpliendo los compromisos adquiridos de finalizar toda transacción de material militar frente al ataque y genocidio contra el pueblo palestino, así como las responsabilidades derivadas por estas actuaciones”.
Sí contestó a la quinta pregunta, pero para negarse a dar información detallada.
“La Abogacía del Estado ha atendido a toda consulta recibida” sobre este asunto, respondió el Gobierno.
La Abogacía del Estado ofreció “las distintas posibilidades que, en Derecho, consideró que existían en relación con las cuestiones consultadas, en el marco del principio de legalidad y de acuerdo con los intereses generales”.
Preguntas del Partido Popular y respuesta del Ejecutivo
A continuación, el Ejecutivo argumentó que “de conformidad con la disposición adicional séptima de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, la garantía de la confidencialidad de las comunicaciones y el secreto profesional previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, se aplica a la asistencia jurídica letrada que presten los abogados del Estado”.
Por eso, “la difusión de esta información atentaría directamente contra la necesaria confianza que ha de existir entre el abogado y el cliente (en este caso, los órganos de la Administración).”
Con esa justificación, el Gobierno se negó incluso a dejar por escrito lo que ya deslizó a algunos medios: que la Abogacía del Estado desaconsejó anular el contrato, y por eso se formalizó.
Esta licitación pública para adquirir cartuchos también motivó una pregunta parlamentaria del Partido Popular, de los diputados Carlos Rojas, Agustín Conde y Pablo Pérez Coronado.
Cuando ya se había anunciado la decisión del Gobierno de anular la compra de balas a las dos empresas israelíes, pidieron saber “¿Qué merma económica y de seguridad va a suponer la rescisión de los contratos con empresas israelíes en materia de seguridad y defensa?”.
También en ese caso la respuesta escrita del Ejecutivo remitió a la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre este asunto.
Compromiso del Gobierno con la seguridad nacional
Además, el Gobierno aprovechó la respuesta para expresar su “firme compromiso con la seguridad y defensa nacionales, así como con el refuerzo de la autonomía estratégica nacional y europea. Prueba de ello ha sido el constante incremento de la inversión en Defensa llevado a cabo en los últimos siete años y el decidido apoyo a la industria de defensa nacional y europea. En este sentido, la aprobación del Plan Industria y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa supone un claro refuerzo de este compromiso con la seguridad nacional y con la industria de defensa nacional y europea”.
Pero no dio ninguna explicación concreta sobre si la rescisión de los contratos con empresas israelíes en materia de seguridad y defensa va a suponer una “merma económica y de seguridad”, que fue la pregunta que plantearon los diputados del PP.
