La “retirada” del CNI en Cataluña y País Vasco, “secreto” según el Gobierno
Presidencia se acoge a que la ley que regula el servicio de inteligencia declara información clasificada cualquier dato sobre estructura interna, personal e instalaciones del Centro
- Órdenes y pactos sobre la retirada
- Secretaría General de Presidencia del Gobierno
- Estructura, personal, instalaciones...
- “Secreto”, el mayor nivel de clasificación
- Al Consejo de Transparencia
- Noticias sobre la retirada
- A otras áreas
- Independentismo
- Debates y preguntas en las Cortes
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado en los últimos años traspasos de competencias de la Policía Nacional y la Guardia Civil a policías autonómicas: ha cedido Tráfico a la Policía Foral de Navarra, se ha potenciado la unidad marítima de los Mossos d’Esquadra...
Ahora, estudia entregar a la Generalitat de Cataluña competencias de extranjería e inmigración que tiene la Policía Nacional.
Pero ha habido otra polémica sobre la “retirada” de órganos de seguridad nacionales en comunidades con fuerte presencia nacionalista: la que se publicó ya en 2022 que se iba a acometer con los miembros del Centro Nacional de Inteligencia que trabajaban en Cataluña y País Vasco.
Confidencial Digital ha comprobado que hace unos meses llegó a Presidencia del Gobierno una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, relacionada con este asunto.
Un particular, concretamente una mujer, solicitó poder acceder a documentos oficiales relacionados con esa “retirada de agentes del CNI de Cataluña y el País Vasco”.
Órdenes y pactos sobre la retirada
La solicitante pidió a Presidencia del Gobierno que le enviara cuatro tipos de documentos:
-- “Copia de la documentación en poder del Presidente del Gobierno que refleje los acuerdos celebrados con otras fuerzas políticas para realizar la retirada de agentes del CNI de Cataluña y del País Vasco”.
-- “Copia de las instrucciones, órdenes o cualquier otra documentación realizada por el Presidente del Gobierno y remitida al Ministerio de Defensa solicitando dicha retirada de agentes del CNI de Cataluña y del País Vasco”.
-- “Copia de las comunicaciones existentes en Presidencia del Gobierno remitidas desde el Ministerio de Defensa informando a Presidencia del Gobierno de la retirada de agentes del CNI de Cataluña y del País Vasco”.
-- “Copia de la documentación donde se reflejen los acuerdos alcanzados, fechas de las negociaciones y de las reuniones celebradas y los participantes por cada parte entre el Gobierno de España y representantes del País Vasco y Cataluña, así como, en su caso, documentación cruzada entre todas las partes”.
Secretaría General de Presidencia del Gobierno
Llama la atención que la solicitud no fuera dirigida al Ministerio de Defensa, del que actualmente depende el Centro Nacional de Inteligencia, sino que directamente interpelara a Presidencia del Gobierno.
La Secretaría General de Presidencia del Gobierno, dirigida por Judit Alexandra González Pedraz, derivó la consulta a su Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica, que asume las funciones en materia de transparencia.
Resolvió la petición la directora de ese departamento, Beatriz Rodríguez Pérez. Su respuesta fue desestimatoria.
Estructura, personal, instalaciones...
En la resolución enviada por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno a la autora de la solicitud se trata de argumentar la negativa a facilitar la información, o el acceso a los documentos requeridos.
La directora de Coordinación Técnica y Jurídica comienza explicando que “el CNI se rige por las disposiciones contempladas en la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia”.
Subraya que el artículo 5.1 de esta norma dispone que “las actividades del CNI, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los acuerdos internacionales o, en su caso, con el mayor nivel de clasificación que se contemple en dicha legislación y en los mencionados acuerdos”.
Escudándose en ese artículo, Presidencia concluye que “no procede la mera indicación de existencia o no de información remitida o recibida del CNI, habida cuenta de la clasificación legal expresa como secreto de todo lo relativo sus actividades”.
Es decir, que ni siquiera puede confirmar que existan esos documentos solicitados, aun cuando sea para después denegarle el acceso a ellos.
“Secreto”, el mayor nivel de clasificación
Hay que añadir que Presidencia del Gobierno recuerda que la ley otorga el nivel más alto de clasificación de la información a todo lo relativo a la estructura, procedimientos, medios, personal, bases, fuentes de información... del Centro Nacional de Inteligencia.
Los niveles de información clasificada en España son, de menor a mayor, Difusión limitada, Confidencial, Reservado y Secreto: cualquier dato sobre la actividad y el funcionamiento del CNI es, destaca Presidencia, “secreto”.
De ahí que La Moncloa se niegue a responder sobre documentos que pudieran haber manejado Pedro Sánchez y Presidencia del Gobierno sobre esa supuesta retirada de agentes del CNI que trabajaban en Cataluña y País Vasco.
Al Consejo de Transparencia
La solicitante tenía la posibilidad de reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, o recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para intentar forzar al Gobierno a que le entregara los documentos solicitados, o que al menos le diera alguna información sobre el asunto.
A este respecto, hay que señalar que la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales (aprobada durante la dictadura de Franco, y que el Gobierno se comprometió a sustituir) advierte en su artículo 13 que “las actividades reservadas por declaración de Ley y las materias clasificadas no podrán ser comunicadas, difundidas ni publicadas, ni utilizado su contenido fuera de los límites establecidos por la Ley. El incumplimiento de esta limitación será sancionado, si procediere, conforme a las Leyes penales, y por vía disciplinaria, en su caso, considerándose en este último supuesto la infracción como falta muy grave”.
El castigo se contempla en el Código Penal. El artículo 598 impone penas de uno a cuatro años de cárcel a quien, “sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procurare, revelare, falseare o inutilizare información legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o las industrias de interés militar”.
Noticias sobre la retirada
Esta consulta acerca del CNI, sobre la que Presidencia ha despejado balones fuera con la ley reguladora del Centro, parece tener su origen en la sucesión de noticias que desde el verano de 2022 publicaron diferentes periódicos, todos en la línea de que el CNI había retirado a los agentes que estaban destacados en el País Vasco y en Cataluña.
El diario El Mundo publicó el 8 de agosto de 2022: “El Gobierno retira del País Vasco agentes antiterroristas del CNI y los reduce en Cataluña”. Añadía que “los expertos en Inteligencia dejan de investigar a los grupos radicales de ETA y en Cataluña, bajan al mínimo sus efectivos contra el separatismo”.
The Objective se hizo eco de la noticia, confirmó esa información, y publicó que “la decisión de retirar el departamento ‘antiETA’ del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el País Vasco y de reducir el número de sus miembros en Cataluña por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado indignación en el seno del departamento de la inteligencia española”.
A otras áreas
Ya en septiembre de 2022, El Español contó que los agentes del CNI que buscaban información en círculos independentistas en Cataluña y el País Vasco habían sido reasignados a otras áreas.
El periodista especializado en asuntos de inteligencia Fernando Rueda escribió que “el CNI había disminuido en los últimos años el número de agentes dedicados al terrorismo interior”, añadiendo que “la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, aplicada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, de suprimir de la lista de misiones encargadas al CNI las relativas al tema independentista y al terrorismo nacional, supone un desastre del que a medio o largo plazo se arrepentirán”.
Independentismo
Es decir, apuntaba, no sólo a la retirada o reasignación de funciones de los agentes, sino a que de la Directiva de Inteligencia -donde el Gobierno marca los objetivos del CNI, las funciones que quiere que realice y la información que pretende que consiga- se habían eliminado las misiones de vigilancia y obtención de inteligencia en el ámbito del independentismo catalán y vasco.
Un año después, en julio de 2023, OKDiario actualizó la situación y publicó que “Pedro Sánchez ha retirado a todos los agentes del CNI de Cataluña y el País Vasco”, y que fuentes de los servicios de Inteligencia les habían asegurado “que actualmente no hay ni un sólo agente que realice labores de campo en estas áreas conflictivas para la unidad de España”.
Por esas mismas fechas, justo antes de las elecciones generales, El Mundo informó de que “Sectores del CNI planean ya su regreso a Cataluña y al País Vasco”, en el caso de que hubiera un cambio de Gobierno a favor del Partido Popular.
Debates y preguntas en las Cortes
Los populares, Ciudadanos, y especialmente Vox llevaban tiempo criticando al Gobierno por esa supuesta cesión ante sus socios independentistas catalanes y vascos, y por haber reducido, e incluso puesto fin, al despliegue del CNI en esas dos comunidades autónomas.
Por eso presentaron proposiciones en las Cortes Generales, en las que alertaron del peligro de esa decisión, mientras que el PSOE defendió que un cambio de estructura, de despliegue geográfico y de cuestiones logísticas, no merma la eficacia del CNI.
Un diputado socialista en el Congreso llegó a comentar al representante de Vox que “ahora mismo nos están viendo por esas cámaras, que creo que son cuatro — y se está emitiendo al mundo—, que estamos desarrollando una Comisión, por lo que no pretenderá que mostremos aquí cuáles son las infraestructuras que tiene el CNI por el territorio, no es práctico. ¿Sabe usted dónde hay que ver eso? Lo digo para que usted se documente y la próxima vez no caiga en errores como este: Eso lo tiene que ver usted de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 11/2002”.
El PP denunció que, cuando registraba preguntas parlamentarias sobre esa supuesta retirada, la Mesa del Congreso o el Gobierno le derivaban a esa comisión, conocida popularmente como Comisión de Secreto Oficiales, pero que, “cuando se pregunta por esto en la comisión, el Gobierno evita dar explicaciones aduciendo que esos agentes ya no pertenecen al CNI”.
Es decir, que ante preguntas parlamentarias, el Gobierno se niega a dar información, lo mismo que ocurre cuando quien lo solicita es una ciudadana particular al amparo de la Ley de Transparencia.
