Generales, almirantes y oficiales de Rota y San Javier recurren en los tribunales las órdenes de desahucio de sus viviendas militares
El Instituto de Vivienda de la Defensa ha desestimado todos los recursos de reposición presentados contra las resoluciones que ordenan los desalojos
La oleada de expedientes de desahucio de las viviendas en bases militares que ocupan una docena de oficiales y oficiales generales, incluidos almirantes y tenientes generales, da el salto del Ministerio de Defensa a los tribunales.
Confidencial Digital ha podido saber que algunos de los oficiales generales y oficiales afectados han presentado ya recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones que agotaron la vía administrativa en el Instituto de Vivienda y Equipamientos de la Defensa (INVIED), y que confirmaron la decisión de desahuciarles de esas casas.
En estas páginas se desveló, el pasado mes de enero, que el INVIED, un organismo autónomo dependiente de Defensa que gestiona las viviendas de las bases militares, había abierto expediente de desahucio a varios oficiales generales y oficiales que tienen asignadas casas en acuartelamientos como los de Rota (Cádiz) y San Javier (Murcia).
A raíz de una batida amplia de inspecciones, el Instituto de Vivienda y Equipamientos de la Defensa detectó que ciertos tenientes generales, almirantes, generales y oficiales tenían asignadas viviendas que no ocupan de forma permanente.
En muchos casos, estos militares están destinados en Madrid, en cuarteles generales u organismos centrales del Ministerio de Defensa. Incluso aún teniendo pabellones de cargo o viviendas asignadas en la capital, al mismo tiempo mantienen viviendas en bases de otros puntos de España que se les asignaron cuando, hace años, estuvieron destinados en esas bases como Rota y San Javier.
El proceso de desahucio fue avanzando. Los afectados presentaron alegaciones para defender que ocupan esas viviendas de forma legal, según la normativa del Instituto de Vivienda y Equipamientos de la Defensa.
En los casos conocidos por ECD, las primeras alegaciones no fueron suficientes para convencer al INVIED, que continuó con los trámites. Hace unos meses comenzó a notificar las resoluciones en las que finalmente concluía que estos militares no tienen derecho a esas viviendas, por lo que tienen que desalojarlas.
Fuentes militares señalan que, contra las resoluciones finales de desahucio, los afectados presentaron recursos de reposición.
En estos casos no es la ministra de Defensa la que resuelve los recursos: la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas establece que “de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, los actos y resoluciones del Director general Gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas ponen fin a la vía administrativa”.
De acuerdo con la información que manejan personas conocedoras del proceso, a ninguno de los afectados por esta tanda de expedientes de desahucio les han aceptado las alegaciones y recursos en vía administrativa. El director del INVIED ha confirmado en todos los casos la decisión de desalojarles de las viviendas.
A partir de la notificación de las resoluciones finales que resuelven los recursos de reposición, los tenientes generales, otros oficiales generales y oficiales afectados tienen un plazos de dos meses hábiles para interponer recurso contencioso-administrativo.
ECD ha podido saber que varios de los oficiales generales y oficiales amenazados por estos desahucios ya han presentado su correspondiente recurso contencioso-administrativo.
En este caso, las instancias judiciales que resuelven estos recursos son los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Ante ellos, los abogados contratados por estos militares han interpuesto ya recursos. El plazo para recurrir aún no se ha agotado, por lo que el número de recursos puede aumentar.
El grupo de oficiales generales y oficiales incursos en estos expedientes ronda la docena, con viviendas en la base de San Javier (del Ejército del Aire) en mayor número que en la de Rota (de la Armada).
En este tipo de recursos se suele pedir como medida cautelar que se suspenda la ejecución del desahucio. De acuerdo con las fuentes consultadas por Confidencial Digital, por el momento no se ha llegado a ejecutar ningún desalojo. Se calcula que las sentencias judiciales en primera instancia por estos casos puedan conocerse en unos dos años.
Además de este grupo de tenientes generales, almirantes, generales y oficiales, algunos suboficiales también se han visto afectados por los expedientes abiertos en los últimos meses por el INVIED, a raíz de la intensificación de las revisiones sobre el uso de las viviendas militares. Hay casos de suboficiales que ya han acudido a los tribunales para pelear por permanecer en estas viviendas.
Mientras, se van conociendo sentencias de otros casos, como el de la hija de un militar fallecido. La justicia no le dio la razón y confirmó el desahucio.
