Cataluña y País Vasco arrastran un vacío que Interior no logra llenar: el déficit oculto en la Guardia Civil
El déficit de efectivos en las filas de la Guardia Civil alcanza niveles preocupantes en dos comunidades autónomas. Los datos oficiales del Ministerio del Interior revelan una situación sin precedentes en algunas provincias del norte del país.
Esta carencia estructural no solo compromete operativos clave, sino que también deja en evidencia las tensiones competenciales entre el Estado y las policías autonómicas. El número que marca la diferencia está lejos de alcanzarse.
Las cifras que Interior no cubre
La Guardia Civil necesita incorporar al menos 4.286 agentes en Cataluña y el País Vasco para alcanzar la totalidad de su plantilla, según datos oficiales del Ministerio del Interior. Las provincias más afectadas presentan un déficit que supera el 30% en algunos casos, lo que las convierte en las regiones con mayor carencia del cuerpo en toda España.
La situación más grave se vive en Guipúzcoa, donde apenas están activos 685 agentes frente a los 987 previstos en el catálogo oficial. Esta diferencia de 302 agentes representa un déficit del 30,6%. Vizcaya tampoco escapa a esta tendencia, con 239 plazas vacantes sobre un total previsto de 1.190, lo que equivale al 19,41%.
Cataluña: todas las provincias afectadas
En Cataluña, el patrón se repite en las cuatro provincias. En Lérida, hacen falta 158 agentes para completar las 542 plazas previstas. Gerona necesita cubrir 170 de las 615. En Barcelona, la provincia más poblada, faltan 579 agentes, un 25,34% del total de 2.285. Y en Tarragona, el déficit es del 19,41% con 133 plazas sin cubrir de las 685 previstas.
En conjunto, las cifras revelan que la Guardia Civil en estas dos comunidades autónomas opera con una capacidad mermada, lo que afecta a tareas clave como seguridad rural, rescates, vigilancia de costas o control de explosivos.
Un déficit por encima de la media nacional
El conjunto del cuerpo en toda España también presenta vacantes: hay 81.260 agentes en activo frente a las 94.990 plazas previstas. Es decir, el déficit global es del 14,45%. Sin embargo, tanto Cataluña como el País Vasco superan ampliamente esa media, lo que apunta a un problema estructural agravado por dinámicas políticas locales.
Mientras provincias como Córdoba, Jaén o Cádiz apenas tienen diferencias de entre el 3% y el 5% respecto a sus catálogos, la situación en el norte se vuelve crítica.
Falta de vocaciones o estrategia institucional
El Gobierno argumenta que entre 2012 y 2018 se perdieron más de 13.000 efectivos por los recortes. Desde entonces se han incrementado las tasas de reposición hasta superar el 125% en convocatorias recientes. Sin embargo, estos esfuerzos no han corregido el desequilibrio territorial.
En paralelo, los Gobiernos autonómicos de Cataluña y el País Vasco han reclamado mayores competencias para sus propios cuerpos, lo que ha reducido aún más la presencia estatal en el territorio. Este desplazamiento funcional se traduce en una menor atracción para nuevos agentes en estas zonas.
Impacto operativo y simbólico
La falta de personal no solo impacta en las capacidades de respuesta del cuerpo, sino que también tiene un efecto simbólico: la menor presencia de la Guardia Civil en estas comunidades refuerza una percepción de repliegue institucional. Una tendencia que contrasta con el papel estratégico que el cuerpo desempeña en otras regiones.
La ausencia sostenida de refuerzos en Cataluña y País Vasco podría agravar las tensiones entre administraciones y dificultar futuras estrategias de seguridad nacional.
¿Una solución en camino?
Por el momento, no hay indicios de un plan específico para equilibrar esta carencia territorial. Las convocatorias continúan, pero sin mecanismos para garantizar una distribución homogénea. La seguridad interior en estas comunidades continúa dependiendo de un equilibrio precario entre cuerpos estatales y policías autonómicas, sin que se vislumbre un cambio estructural a corto plazo.
