Una jueza toma una decisión sin precedentes sobre la Guardia Civil y Pegasus
La Guardia Civil se enfrenta a una situación inédita en los tribunales. Una jueza de Barcelona ha admitido a trámite una querella que podría marcar un antes y un después en el caso del espionaje político con Pegasus.
Altos cargos del cuerpo y de los servicios de inteligencia están ahora bajo el foco de una investigación que podría desencadenar nuevas revelaciones sobre el uso del polémico software en territorio nacional.
Primera investigación judicial a la Guardia Civil por Pegasus
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, Miriam de Rosa Palacio, ha decidido abrir diligencias contra antiguos responsables de la Guardia Civil y del CNI por su presunta implicación en el uso del software espía Pegasus para espiar a figuras del independentismo catalán.
Se trata de la primera vez que la Justicia investiga formalmente el papel del Instituto Armado en este tipo de prácticas. Entre los querellados figuran los exdirectores del cuerpo, Félix Vicente Azón (2018-2020) y María Gámez (hasta 2023), así como la exdirectora del CNI, Paz Esteban, ya imputada en otras cuatro causas relacionadas.
Querella impulsada por el colectivo Sentinel
La denuncia ha sido presentada por Joan Arús, Jordi Baylina, Pau Escrich, Joan Matamala y Xavier Vives, todos ellos empresarios y expertos del sector tecnológico. Juntos forman el colectivo Sentinel, creado específicamente para denunciar el uso de Pegasus y otros programas similares como Candiru en contextos políticos.
Según el auto judicial, los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos, así como de acceso ilegal a sistemas. La jueza ha ordenado el inicio de diligencias y la realización de pruebas técnicas periciales.
Documentación clasificada y pruebas clave
Entre las medidas solicitadas se encuentra la desclasificación de documentos relacionados con Pegasus y Candiru, en especial aquellos que acrediten si existieron autorizaciones judiciales o administrativas para su uso. También se ha pedido la declaración formal de los querellados.
Los Mossos d’Esquadra, por su parte, deberán elaborar informes periciales sobre los dispositivos de los afectados para confirmar o descartar la existencia de software espía.
Nueva citación para Paz Esteban
La exdirectora del CNI, Paz Esteban, ha sido citada a declarar el próximo 29 de septiembre, esta vez como imputada en el procedimiento abierto por el presunto espionaje a altos cargos de ERC. Cabe recordar que ya declaró por videoconferencia en el caso de Pere Aragonès, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña.
El pasado 22 de julio, Esteban sumó una cuarta imputación por parte del Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona, en una causa donde también figuran tres directivos de la empresa israelí NSO Group —fabricante de Pegasus— y la propia compañía.
Una investigación con posibles derivadas políticas
Este procedimiento judicial podría tener importantes consecuencias tanto para los implicados como para las instituciones afectadas. Si se demuestra la responsabilidad penal en el uso indebido de herramientas de ciberespionaje, podrían abrirse nuevas vías jurídicas y políticas sobre la vigilancia en España.
Además del impacto sobre las relaciones entre el Estado y el independentismo catalán, el caso Pegasus ha reavivado el debate sobre los límites legales del espionaje institucional.
Un precedente con potencial internacional
La actuación de la jueza Miriam de Rosa Palacio no solo pone en tela de juicio a la Guardia Civil y al CNI, sino que también podría sentar un precedente judicial inédito en el contexto europeo. NSO Group ha sido señalada en múltiples ocasiones por su implicación en casos similares en otros países, lo que añade un componente internacional al caso español.
La investigación co
