El Gobierno de Sánchez no habla con Rusia desde el inicio de la guerra de Ucrania en febrero

La guerra de Ucrania supera ya los nueve meses desde que el ejército ruso se lanzó, el pasado 24 de febrero, a una auténtica invasión del país, atacando en varios frentes más allá de las áreas dominadas por los separatistas prorrusos en Donetsk y Lugansk.

En este conflicto, la OTAN y Rusia se estaban enfrentando de forma indirecta, mediante el envío de armas y el apoyo que los aliados prestan a Ucrania, pero la ‘guerra fría’ con la Alianza Atlántica acaba de subir de nivel.

Putin va a movilizar a cientos de miles de civiles, ha firmado la anexión de cuatro provincias ucranianas, y, principalmente, ha amenazado con utilizar todos los medios “de destrucción” que posee para defender -dijo- la integridad territorial de Rusia, lo que incluye ahora los cuatro territorios anexionados y que Naciones Unidas considera parte de Ucrania.

La amenaza nuclear

La amenaza de recurrir al uso de armas nucleares, ya sean de tipo táctico (efectos más concentrados en una ciudad) o de carácter estratégico, ha provocado que se vuelva a considerar la posibilidad de que Rusia lance un ataque con armas atómicas que pueda provocar una guerra nuclear con la OTAN, o al menos una intervención convencional, pero muy contundente, de los aliados, liderados por Estados Unidos.

En este pulso de amenazas y declaraciones, que tratan de disuadir a la otra parte de que no eleve la apuesta, desde España no existe ninguna interlocución oficial con Rusia. Se cortó desde que fueron expulsados una veintena de diplomáticos rusos acreditados en Madrid, pero más aún desde que empezó la guerra.

Así lo confirma el Gobierno de Pedro Sánchez, que lo ha hecho por escrito, en varias respuestas parlamentarias consultadas por Confidencial Digital.

Encuentro de Borrell con Lavrov

El Gobierno firmó el pasado 20 de septiembre una misma respuesta a una batería de preguntas que en el mes de junio registraron en el Congreso diputados de Junts.

Los parlamentarios independentistas preguntaron por un acuerdo bilateral de ciberseguridad entre España y Rusia que anunciaron en noviembre de 2018 los entonces ministros de Asuntos Exteriores, Josep Borrell y Sergei Lavrov.

Las preguntas trataban de poner entre la espada y la pared al Gobierno, al reprocharle que, desde el jefe de la diplomacia española hasta el rey Felipe, se reunieran en 2018 con el ministro ruso de Exteriores, cuando “la comunidad internacional ya no albergaba duda alguna sobre la agresividad belicista de la política exterior rusa bajo la presidencia del presidente Vladimir Putin”.

Entre otras explicaciones y datos, Junts requirió al Gobierno que facilitara el “listado de reuniones mantenidas con dirigentes, ex dirigentes o personas oficialmente representantes de la Federación rusa bajo el mandato del presidente Pedro Sánchez, es decir, desde el 1 de junio de 2018 hasta el día de hoy”, siendo el 14 de junio cuando los diputados del partido de Puigdemont registraron sus preguntas.

“No ha habido contactos oficiales”

La respuesta a esa batería de preguntas ha sido la misma, y más bien escueta. En primer lugar, el Gobierno PSOE-Unidas Podemos confirma que el ministro ruso de Exteriores mencionó, en la rueda de prensa tras el encuentro con Borrell en 2018, “la posible creación de un grupo de ciberseguridad”, pero añade que “ni en dicha reunión ni posteriormente se firmó con Rusia ningún acuerdo ni principio de acuerdo en aquella materia”, asegura.

Y termina la respuesta con esta frase contundente: “Asimismo, se informa de que desde el 24 de febrero no ha habido contactos oficiales con representantes de la Federación Rusa”.

24 de febrero, inicio del ataque ruso

La fecha citada en el escrito es relevante, ya que ese jueves 24 de febrero, de madrugada, comenzó lo que Moscú denominó “operación especial”: una invasión militar en numerosos puntos de Ucrania (más allá de la zona en conflicto de Donbás), con bombardeos aéreos, ataques de artillería, avances de tropas terrestres, e incluso desembarcos navales y aerotransportados.

Por tanto, el Gobierno afirma por escrito que desde el mismo día mismo en que comenzó la actual guerra de Ucrania, “no ha habido contactos oficiales” con representantes rusos.

Cabe puntualizar que la respuesta habla de “contactos oficiales”. Eso podría abrir la puerta a que hayan existido, o existan actualmente, vías de comunicación y contactos no oficiales. Algo que no se conoce. Pero los canales diplomáticos oficiales, según el Gobierno de Pedro Sánchez, no se están utilizando para hablar con el Kremlin.

En su respuesta, escueta como ya se ha indicado, el Ejecutivo no aporta información ninguna sobre las reuniones que hubo entre miembros del Gobierno español y representantes de Rusia desde junio de 2018 -cuando Sánchez llegó a La Moncloa- hasta el 24 de febrero de febrero de este 2022.

Albares citó al embajador la víspera

En la respuesta del Gobierno no hay que perder de vista la fecha, el 24 de febrero, ya que en la víspera del ataque ruso a Ucrania, el miércoles 23, José Manuel Albares convocó al embajador ruso en Madrid.

El ministro de Asuntos Exteriores comunicó a Yuri Korchagin el rechazo del Gobierno de España a la decisión de Vladimir Putin de reconocer la secesión de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, dominadas por separatistas prorrusos. Estas y otras zonas bajo dominio ruso han sido oficialmente incorporadas a Rusia en los últimos días, previos referéndum manipulados.

Por tanto, ese fue el último contacto diplomático oficial entre España y Rusia, según afirma ahora el Gobierno de Sánchez.

Expulsión de diplomáticos

Las relaciones diplomáticas de España con Rusia, como las de otros países de la OTAN, se congelaron en esas fechas, y sufrieron un duro definitivo a principios de abril.

Entonces, el Gobierno decidió expulsar de España a 27 rusos acreditados como diplomáticos, bajo la acusación genérica de que representaban una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país: un eufemismo para acusarles de espionaje, y además justificar lo que en realidad era una medida de presión política coordinada con otros países europeos.

Se tomó a raíz de la denuncia internacional por la presunta responsabilidad de las tropas rusas en la matanza de civiles ucranianos en la ciudad de Bucha. Las imágenes de decenas de personas fusiladas provocaron la repulsa internacional.

Incluir al embajador

En ese momento, Asuntos Exteriores planteó en el Consejo de Ministros la posibilidad de incluir entre los expulsados al embajador, Yuri Korchagin.

Tras contactos de última hora con otros gobiernos europeos, como los de Francia y Alemania, Pedro Sánchez optó por dejar fuera de estas represalias diplomáticas al embajador, ya que sólo algunos países bálticos llegaron a echar al jefe de la legación. Albares señaló que era una forma de dejar abierta la puerta al diálogo, y de no romper todos los puentes.

Sin embargo, al menos por escrito y ante el Congreso de los Diputados, el Gobierno asegura que no ha tenido contactos oficiales con representantes de la Federación Rusa, por lo que cabe entender que no ha tenido contactos oficiales, tampoco, con el embajador ruso en Madrid.

Amenaza para la seguridad nacional

Como es habitual, Rusia respondió expulsando a un número similar de diplomáticos españoles acreditados en Moscú y en consulados. Según contó entonces The Objective, la legación española en Moscú salió más perjudicada, al tener menos personal que la embajada rusa en Madrid.

Estas decisiones obedecen a un gesto político, pero se justifican sugiriendo que los expulsados estaban llevando a cabo actividades “incompatibles con su estatus diplomático” y que suponían “una amenaza para la seguridad nacional”.

Es una forma de señalarles, aunque sin expresarlo así, por llevar a cabo acciones de espionaje. Incluso sobre el embajador ruso pendían estas acusaciones.

Lo habitual en estos casos es incluir entre los expulsados a personas de las que sí se tiene constancia, en unos casos, y sospechas, en otros, de que pertenecen a los servicios de inteligencia del otro país, o al menos desarrollan actividades de espionaje.

Los servicios de inteligencia españoles consideran desde hace años que Rusia es uno de los países con mayor presencia de agentes en España. Y la actividad de los servicios de inteligencia extranjeros, tanto hostiles como “amigos”, en nuestro país, se ha disparado a máximos en los últimos años.