El CNI lleva más de año y medio sin ser controlado por el Congreso

Una investigación conjunta de El País y The Guardian reveló a mediados de julio que el teléfono móvil de Roger Torrent, presidente del Parlament de Cataluña y dirigente de Esquerra Republicana (ERC), había sido espiado, lo mismo que un centenar de personas de todo el mundo, a través del programa ‘Pegasus’, de la empresa israelí NSO, aprovechando una brecha de seguridad de WhatsApp. Este tipo de programas espías sólo están al alcance de gobiernos, por su alto coste.

También se supo que lo mismo había ocurrido con Ernest Maragall, portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona; con Jordi Domingo, dirigente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC); con Jordi Puigneró, consejero de Políticas Digitales y Administración Pública del Govern de Quim Torra; y Sergi Miquel, director técnico del Consell per la República que dirige Puigdemont desde Waterloo.

El abogado de Anna Gabriel, ex diputada de la CUP que huyó a Suiza para evitar comparecer en el Tribunal Supremo por su papel en el ‘Estat Major’ que diseñó el desafío independentista del otoño de 2017, también dijo que su clienta había sufrido un ataque similar.

Preguntan al Gobierno si fue el CNI

A raíz de estas noticias, la diputada de Junts per Catalunya en el Congreso Miriam Nogueras registró una batería de preguntas para respuesta escrita dirigidas al Gobierno de España, para conocer su grado de implicación en este supuesto espionaje, que habría tenido lugar entre abril y mayo de 2019, cuando gobernaba el PSOE en solitario.

En sus preguntas Nogueras apunta al Centro Nacional de Inteligencia, ya que desde el CNI se negaron a responder a las preguntas de los periodistas.

“¿Ha ordenado el Gobierno de España que se espíe a políticos catalanes?”, “¿Existe algún tipo de relación comercial entre España y la empresa NSO Group? ¿Dispone el Estado español de software de NSO Group?”, preguntó Nogueras, así como “¿Qué medidas va a tomar el Gobierno de España para investigar la práctica antidemocrática que supone el espionaje doméstico a rivales políticos?”, y si “instará el Gobierno a la Fiscalía a que actúe de oficio para esclarecer si desde el Estado se ha ordenado espiar a políticos catalanes”.

“Sometimiento al ordenamiento jurídico”

Confidencial Digital ha tenido acceso las respuestas dadas recientemente por el Ejecutivo a estas cuatro preguntas. La contestación fue la misma a todas. En primer lugar se remite a lo que ya contestó Fernando Grande-Marlaska en julio, en sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Sin confirmar ni negar su papel en el espionaje a los móviles de los citados políticos y activistas independentistas, el Gobierno PSOE-Podemos defiende la legalidad de la actuación del servicio de inteligencia.

“Se informa a Su Señoría -dice la respuesta- que el Centro Nacional de Inteligencia actúa con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico sujeto a los controles previstos, conforme al artículo 2 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI (Centro Nacional de Inteligencia)”. Es decir, que un magistrado del Tribunal Supremo autoriza sus actuaciones cuando pueden suponer entrar en domicilios, poner micrófonos, pinchar teléfonos...

Información clasificada

Se escuda en el secreto legal para no dar más detalles: “El artículo 5.1 de la Ley 11/2002 establece que: ‘Las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales o, en su caso, con el mayor nivel de clasificación que se contemple en dicha legislación y en los mencionados Acuerdos’”.

Y el Gobierno termina remitiendo a Nogueras a otra instancia: “Conforme a lo establecido en el artículo 11 de la citada Ley 11/2002, el control parlamentario de las actividades del Centro debe recabarse de la Comisión prevista para ese fin en el Congreso de los Diputados: la de control de los créditos destinados a gastos reservados”.

Es decir, invita a la diputada de Junts per Catalunya a plantear sus preguntas y peticiones de explicaciones a través de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, más conocida comúnmente como “Comisión de Secretos Oficiales”, ya que es ahí donde, a puerta cerrada, el director del CNI da cuenta a un número restringido de diputados de las actividades y operaciones del espionaje español.

La comisión del Congreso no está constituida

Sin embargo, según ha podido confirmar ECD, dicha comisión no está actualmente constituida, pese a que la legislatura actual se inició el 3 de diciembre de 2019 y que la investidura de Pedro Sánchez como presidente tuvo lugar el 7 de enero de 2020.

Un portavoz oficial del Congreso de los Diputados explica que hasta ahora ningún grupo parlamentario ha presentado la propuesta de constituir la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados.

En la actual XIV Legislatura hay en funcionamiento 21 comisiones permanentes legislativas (Constitucional, de Asuntos Exteriores, de Justicia...), nueve comisiones permanentes no legislativas y siete comisiones mixtas permanentes.

La Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados tiene el carácter de comisión permanente no legislativa. Sí estuvo constituida en la XII Legislatura, de 2016 a 2019. En marzo de 2019, Pedro Sánchez y el rey firmaron el decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones para el 28 de abril.

La XIII Legislatura se constituyó el 21 de mayo de 2019 pero, como no se llegó a conseguir la investidura del presidente del Gobierno, Felipe VI disolvió de nuevo las Cortes para nuevas elecciones del 10 de noviembre. En esa legislatura ‘fallida’ no se llegó a poner en marcha la Comisión de Secretos Oficiales.

Diez meses marcados por el coronavirus

Desde el Congreso apuntan que, aunque formalmente la legislatura lleva ya diez meses en marcha, la actividad parlamentaria ha sido mínima.

Sánchez fue investido en un pleno en los primeros días de 2020, pero el mes de enero es inhábil para la actividad ordinaria.

Pasó febrero, y el 14 de marzo el Gobierno decretó el estado de alarma por la epidemia de coronavirus. A partir de ese momento, la Cámara redujo drásticamente su actividad, y durante el estado de alarma prácticamente sólo se celebraron plenos para aprobar las prórrogas de ese estado de alarma a petición del Consejo de Ministros.

Después llegaron los meses de julio y agosto, que según la Constitución también son inhábiles para las Cortes salvo casos excepcionales.

En septiembre se reanudó la actividad, pero por ahora no ha habido ninguna propuesta para poner en funcionamiento la “Comisión de secretos oficiales”.

Por tanto, hace como poco un año y medio (desde la disolución de las Cortes en marzo de 2019) que no se reúne el órgano parlamentario que controla las actividades del CNI.

Sanz Roldán y el imán de Ripoll

Hay que señalar que esta comisión no tiene una actividad regular ni frecuente, sino que se reúne en determinadas ocasiones para analizar temas concretos.

Por ejemplo, tras los atentados yihadistas que acabaron con la vida de 16 personas en Barcelona y Cambrils, en agosto de 2017, se publicaron informaciones que indicaban que el imán y líder de la célula, Abdelbaki es Satty, había tenido contactos con el Centro Nacional de Inteligencia.

Algunos medios llegaron a afirmar que Es Satty había sido confidente del CNI hasta su muerte en una explosión la víspera del atentado en La Rambla.

Oficialmente se apuntó que simplemente había sido contactado mientras estaba en la cárcel por un asunto de drogas, tanto por la Guardia Civil como por el servicio de inteligencia, para tratar de captarlo como informador, sin que ese intento llegara a fructificar. De hecho, dejaron de vigilar a Es Satty cuando salió de la cárcel.

Para tratar de acabar con las especulaciones, el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, pidió comparecer en el Congreso para explicar esos contactos con el imán de la célula yihadista.

La comparecencia se celebró en marzo de 2018. Sanz Roldán dio explicaciones a puerta cerrada ante la presidenta del Congreso, que era Ana Pastor, y los portavoces del PP, Rafa Hernando; del PSOE, Margarita Robles; de Unidos Podemos, Irene Montero; de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta; del PNV, Aitor Esteban; y del PDeCAT, por el Grupo Mixto, Jordi Xuclà; faltó Joan Tardá, de Esquerra Republicana de Catalunya. Esa era la composición de la comisión, muy restringida, en ese momento.

Tres quintos del pleno

Desde el departamento de Comunicación del Congreso de los Diputados explican que el procedimiento para constituir la comisión que controla al CNI y maneja información clasificada es distinto que el de otros órganos parlamentarios. Ejemplo de su consideración especial es que la preside directamente el presidente del Congreso.

Su funcionamiento se regula mediante la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo de 2004, sobre secretos oficiales.

Suele haber una negociación entre los grupos parlamentarios para nombrar a los miembros de la comisión, uno por grupo, que suele ser su portavoz. En este caso, un portavoz oficial señala que desconoce si esas negociaciones entre los grupos se están produciendo, pero fuentes de uno de los partidos relevantes en la Cámara Baja explicaron a ECD que no ha habido novedades a este respecto.

Cuando se alcanza ese acuerdo, el asunto se plantea en la Mesa del Congreso, que tiene que aprobar la propuesta para celebrar un pleno donde se nombre a los integrantes. La Junta de Portavoces incluye ese punto en el orden del día, y se vota en el pleno. Se necesita una mayoría de tres quintos (210 de los 350 diputados) para ser designados, lo que requiere un acuerdo previo de los partidos.

Todo este proceso no se ha puesto en marcha en la legislatura actual, de ahí que no esté actualmente en funcionamiento la “Comisión de Secretos Oficiales”.

No pueden revelar la información

Según su regulación, los diputados pueden solicitar que se informe al Congreso sobre materias que hubieran sido declaradas clasificadas conforme a la Ley de Secretos Oficiales.

Es lo que podría hacer la diputada de Junts per Catalunya para pedir información sobre el espionaje a los teléfonos móviles de Roger Torrent, Anna Gabriel y otros dirigentes independentistas.

La información se puede facilitar oralmente, con la comparecencia de una autoridad que suele ser el director del Centro Nacional de Inteligencia. Ahora acudiría Paz Esteban, directora del CNI, que todavía no ha pasado por este trámite.

También pueden solicitar los diputados de la comisión que se les facilite documentación protegida por la Ley de Secretos Oficiales, bien con la consideración de secreto, bien de reservado.

A las sesiones, que se celebran a puerta cerrada, sólo pueden acudir los miembros designados por el pleno, que además han de guardar silencio sobre el contenido de lo visto y oído en la comisión. Sólo pueden tomar notas, pero no sacar reproducciones o copias de la documentación analizada.

Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada

Mientras que la comisión parlamentaria que controla al CNI no se reúne desde hace más de año y medio, donde sí ha habido novedades es en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.

Tras la formación del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, Pedro Sánchez dio entrada a Pablo Iglesias, como vicepresidente segundo, en esa comisión. Iglesias lo presentó como una iniciativa de Sánchez, no de Podemos, y como un gesto de confianza entre los dos socios de coalición.

La inclusión de Pablo Iglesias provocó que tanto el Partido Popular como Vox recurrieran al Tribunal Supremo para intentar paralizar ese cambio. El Supremo estudió el asunto, pidió información, y finalmente en septiembre inadmitió el recurso por entender que los dos partidos no están legitimados para interponer el recurso.

Mientras Iglesias entró en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, salió de ella Iván Redondo. En la nueva regulación de ese órgano, en vez del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno quien acude es el secretario general de la Presidencia, actualmente Félix Bolaños.