La Policía consigue expulsar de España a un marroquí filoyihadista que también hacía negocio con la ocupación de viviendas

Difundía propaganda yihadista por internet. Animaba a asesinar judíos. Llamaba a unirse a la yihad o guerra santa para defender el Islam en todo el mundo.

A la vez, traficaba con marihuana y hachís, y también gestionaba una red de pisos ocupados ilegalmente.

Es el doble perfil de un ciudadano marroquí al que la Policía Nacional detuvo en 2020, en una operación contra el terrorismo yihadista, y sobre el que recientemente la Audiencia Nacional ha dictado sentencia que avala su expulsión de España por representar una amenaza para la seguridad nacional, según ha comprobado Confidencial Digital.

Actividades contrarias a la seguridad nacional

En una sentencia dictada el pasado 15 de marzo (se puede consultar íntegra aquí), la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestima el recurso de este hombre contra la resolución de 24 de febrero de 2021, dictada por el Secretario de Estado de Seguridad, por la que se acordó su expulsión del territorio nacional con la consiguiente prohibición de entrada en España por un periodo de 10 años.

La expulsión tiene origen en una denuncia de la Comisaría General de Información, la unidad dedicada a la lucha contra el terrorismo (en la actualidad, principalmente el yihadista) en la Policía Nacional.

La Comisaría General de Información entendió que este hombre había cometido una infracción muy grave del artículo 57.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, por “participar en actividades contrarias a la seguridad nacional”.

Expulsión sin condena

Ese artículo de la ley de extranjería permite expulsar de España, sin que haya siquiera una condena judicial, a personas que integren organizaciones terroristas o que promuevan el adoctrinamiento extremista, como también a quienes trabajan para servicios de inteligencia extranjeros hostiles y realizan actividades de espionaje en España.

El expediente a raíz de esa denuncia lo instruyó la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. El caso acabó en la Secretaría de Estado de Seguridad: el secretario de Estado firmó la resolución que acordó expulsar de España a este marroquí.

Detenido por agentes de Información

La denuncia de la Comisaría General de Información comenzaba señalando que este hombre fue detenido en Tarrasa (Barcelona) el 21 de julio de 2020, en una operación antiterrorista ordenada por el Juzgado Central de Instrucción n° 1 de la Audiencia Nacional, y ejecutada por la Brigada Provincial de Información de Barcelona y la Brigada Local de Información de Motril (Granada), en coordinación con la propia Comisaría General de Información.

En esa investigación se constató “la reiterada actividad del detenido en redes sociales, en las que realiza constantes publicaciones en favor de varios grupos terroristas, de la yihad o lucha armada contra occidente, y en la necesidad de establecer un Califato Islámico”.

Alentaba a la lucha armada

En la denuncia se mencionaban distintas publicaciones que este marroquí hizo en Facebook, Instagram y YouTube en el año 2019.

Los agentes antiterroristas detectaron que “de forma constante y reiterativa” hacía “llamamientos para unirse a la lucha armada” en países como Siria e Indonesia “en defensa de los musulmanes y del Islam”.

Por ejemplo, el 22 de junio de 2019 puso como foto de perfil en Facebook una imagen de un ejército musulmán de la Edad Media y un muyahidín (un combatiente) actual portando un fusil de asalto soviético AK-47, con unas letras en árabe de color amarillo en las que se podía leer “Soldados de Al Farooq”.

Días antes, había publicado un vídeo de un jeque salafista egipcio, vinculado a la organización islamista palestina Hamas y que en el pasado expresó su apoyo a la yihad violenta. En el vídeo, el jeque alentaba a los musulmanes que atacan a los judíos, que luchan por Palestina y por la Mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén.

Animaba a matar judíos

El análisis de los policías que le investigaron apunta que “ha utilizado tanto la red de Instagram como de Facebook, en las que ha publicado una gran cantidad de fotografías y vídeos orientados a convencer a la persona que los ve de su condición de víctima por el mero hecho de ser musulmán”.

A la vez, esos vídeos “lanzan la idea de que los verdaderos culpables de todos los conflictos que en la actualidad afectan a muchos países musulmanes son los países occidentales, Estados Unidos con sus aliados, y especialmente Israel”.

Por ejemplo, publicó una caricatura en la que se veía a un palestino con un puñal clavado en la espalda, sobre el cual estaban subidos los dirigentes de Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí.

Una de las obsesiones de este marroquí eran los judíos: “Muchas de sus publicaciones tienen un marcado carácter antisemita en las que se presenta a los judíos como animales”. Pero además “hace un llamamiento expreso para matar a los judíos”, a los que se refería como “sionistas”.

Contacto con yihadistas

La propaganda que este residente en Cataluña difundía en las redes sociales animaba también a la yihad violenta y al martirio por la causa del Islam.

“Se aprecia en frases que aparecen en diferentes publicaciones y vídeos en las que dice que la yihad es el destino de los musulmanes, que su muerte debe ser por Allah, que han de tener un despertar nacionalista e islámico, y se pregunta si hay mejor muerte que morir como mártir por Allah, que la yihad es el camino y la muerte por Allah lo más deseado”.

Los agentes detectaron también que el investigado tenía relación en redes sociales “con diversas páginas, administradas desde fuera de España, de personas de marcado carácter yihadista”, así como de jeques que lanzaban “un discurso radical y salafista”.

“La Espada de Allah”

Además, enaltecía a grupos terroristas mediante la difusión de banderas y anagramas de organizaciones como Jamaat Ahadun Ahad (un grupo salafista minoritario que luchaba en la guerra civil de Siria antes de unirse al Daesh) y Laskar Mujahidin (una organización islamista de Indonesia).

También lanzó un vídeo en YouTube sobre Khalid Ibn Walid, conocido como “La Espada de Allah”, “uno de los héroes árabes de la guerra que comandó los ejércitos musulmanes en la época de Mahoma y de sus sucesores Abu Bakr y Umar Ibn Al Jattab, combinando la épica y la religión, siendo utilizado por la propaganda yihadista, para definir a un grupo afín al Estado Islámico en Siria, que opera bajo el nombre de Jaysh Khálid íbn al-Walid (Ejército de Khálid ibn JKBW)”.

Por último, se comprobó que había difundido un vídeo del ex presidente egipcio Mohamed Morsi, miembro de los Hermanos Musulmanes, en el que se recitaba de fondo la siguiente oración: “El Corán es nuestra Constitución y el profeta nuestro líder y la Yihad es nuestro destino y la muerte es por Allah y a pesar de todo Allah es nuestro destino”.

Negocio de ocupación ilegal de viviendas

En la denuncia que dio inicio al proceso de expulsión, los agentes antiterroristas reflejaron también que, “al margen de su actividad en favor del movimiento yihadista”, este marroquí “se dedica al tráfico de drogas a pequeña escala (marihuana y hachís)”.

De igual forma, comprobaron que también estaba implicado en “la ocupación ilegal de viviendas, tanto para él, como para terceras personas a las que cobra pequeñas cantidades por facilitarles alojamiento”.

La suma de todas estas actividades hacían de este hombre “una persona que se encuentra en un estado muy avanzado de radicalización, por lo que se considera que representa un peligro grave, real y cierto para la seguridad pública”. Por eso la Comisaría General de Información recomendó la expulsión del territorio nacional.

Cabe recordar que sobre el marroquí que el pasado 25 de enero asesinó a machetazos a Diego Valencia, sacristán de una parroquia de Algeciras (Cádiz), se publicó que vivía junto a otras personas de nacionalidad marroquí en un piso que habían ocupado ilegalmente.

Tampoco es ya extraño que los detenidos por terrorismo yihadista tengan relación con el tráfico de drogas, actividad que algunas células utilizan para financiarse. En otros casos, los terroristas individuales se han radicalizado tras pasar por un ambiente de marginalidad y estar implicados en delitos comunes como el narcotráfico.

La investigación judicial fue sobreseída

Una vez que el secretario de Estado de Seguridad dictó la expulsión de este marroquí, el afectado recurrió a la Audiencia Nacional para tratar de frenar su salida de España.

Alegó en su defensa que no se habían tenido en cuenta sus circunstancias personales: por ejemplo, que se encuentra en España en situación regular, con autorización para residir y trabajar hasta el año 2024, es poseedor de tarjeta de residencia de larga duración, tiene trabajo, está “perfectamente integrado”, y habla español “perfectamente”.

Aportó un contrato de trabajo temporal, una carta de despido por disminución continúa y voluntaria de rendimiento del trabajo por el que había cotizado 27 días, y el certificado de empadronamiento en Tarrasa.

También argumentó que la Audiencia Nacional decretó, por auto de 15 de febrero de 2021, el sobreseimiento provisional de las actuaciones en las que fue detenido por la Policía. Como ese auto ya es firme, no existen contra él causas policiales o penales.

El abogado del Estado contrapuso que los hechos descritos en informes policiales deben considerarse acreditados mientras no se aporte prueba en relación con el error cometido por tales informes.

“Cualquier indicio de radicalización integrista religiosa”

Los magistrados de la Audiencia Nacional no admitieron los argumentos del marroquí contra la orden de expulsión.

Destacaron que “lo más trascendente, que no se debe perder de vista, es que las actividades imputadas al recurrente se enmarcan en la protección del Estado frente al terrorismo y en la importancia de controlar la amenaza del terrorismo y proteger a la población actuando con firmeza frente a cualquier indicio de radicalización integrista religiosa”.

Tras analizar la denuncia de la Comisaría General de Información y todas las circunstancias del caso, concluyeron que “la presencia del sancionado en España constituye una amenaza real y grave contra la seguridad nacional, ya que su propia ideología radical se enmarca en la amenaza del terrorismo yihadista, que constituye, en sí misma, una grave amenaza para los derechos humanos y es contrarios a los principios básicos del Estado de Derecho”.

“Uno de los ataques más graves”

Según la Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en la resolución de la Secretaría de Estado se identificaron “las razones individuales, específicas y concretas por las que las autoridades competentes han tomado la decisión de que las actividades del recurrente son contrarias a la seguridad nacional”.

Al valorar si la medida de expulsión era proporcional, los jueces entendieron que “el terrorismo constituye una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los que se basa la Unión” Europea, y supone asimismo “uno de los ataques más graves contra la democracia y el Estado de Derecho”.

Tuvieron en cuenta también que el informe policial reveló que, “al margen de su actividad en favor del movimiento yihadista, se dedica al tráfico de drogas a pequeña escala y a la ocupación ilegal de viviendas, tanto para él como para terceras personas a las que cobra pequeñas cantidades por facilitarles alojamiento”.

Todo ello llevó a la Audiencia Nacional a desestimar el recurso, por entender que “se ha efectuado una admisible ponderación de los intereses en juego y de si la medida de expulsión es proporcional a los objetivos legítimos perseguidos y, por tanto, necesaria en una sociedad democrática, habida cuenta, igualmente, que en el plano de la oportunidad de la decisión, el arraigo en España resulta incompatible con una actuación que no respeta los valores de la sociedad en la que se vive”.

Más de cien expulsiones en once años

El detenido por el atentado mortal de Algeciras no fue expulsado de España, pese a que llegó en patera a nuestro país y a que se dictó contra él orden de expulsión por situación irregular, que sin embargo no se ejecutó. También tenía antecedentes penales en Marruecos.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y la Jefatura de Información de la Guardia Civil recurren con cierta frecuencia a la Ley de Extranjería para alejar de España el peligro que suponen algunos musulmanes radicalizados pero sobre los que no hay material suficiente para que un juez ordene su ingreso en prisión.

Se les abre expediente administrativo por falta grave, bajo la acusación de suponer una amenaza grave para la seguridad nacional. Con esta figura legal, el Ministerio del Interior ha expulsado de España a un centenar de extranjeros en once años, tanto por su radicalización yihadista como, en otros casos, por espiar para servicios de inteligencia extranjeros.

Imposible controlarlos 24 horas

En estas páginas se han contado algunas expulsiones de este tipo: una mujer marroquí que guardaba en su móvil un juramento de lealtad al Daesh, un yihadista que entró de forma ilegal en Melilla, un marroquí que pretendía viajar a Siria para “morir por Alá”, el autor de un plan para cometer un atropello masivo en Navidad en Madrid, un joven con tendencias suicidas...

Las unidades antiterroristas de los servicios de información e inteligencia tienen localizados a un buen número de sospechosos de radicalización yihadista. Algunos ofrecen un perfil similar al del yihadista que presuntamente cometió el atentado de Algeciras.

Los agentes tratan de vigilarlos para que no den el salto a cometer un ataque violento, pero reconocen que “es imposible controlarlos 24 horas”.