Los detectives privados identifican un aumento en los fraudes por bajas médicas falsas desde la pandemia
Proponen que las administraciones públicas contraten sus servicios ante las altas tasas de absentismo laboral de los funcionarios
- Un clásico que crece tras la pandemia
- Ejemplos de fraude y un sistema que no protege al empresario
- Efecto llamada y economía sumergida
- El papel de las administraciones públicas
- Ley 5/2014 de Seguridad Privada
- La Asociación Profesional de Detectives Privados de España
Fuentes de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) advierten a Confidencial Digital que las bajas médicas fraudulentas se han convertido en una práctica cada vez más común en el mercado laboral español, especialmente después de la pandemia, y están generando un alto nivel de absentismo en las empresas privadas y también en administraciones públicas.
Según explican, la magnitud del problema exige la adopción de protocolos de control más estrictos y un reconocimiento institucional de la labor investigadora de los detectives, a quienes —aseguran— todavía se tiende a considerar como “espías” en lugar de profesionales regulados por ley.
Un clásico que crece tras la pandemia
El seguimiento de los trabajadores que simulan estar incapacitados para desempeñar sus funciones no es nuevo para los investigadores privados. Se trata, de hecho, de un “clásico” en el sector. Sin embargo, tras la irrupción de la pandemia, los profesionales han percibido un aumento significativo de peticiones por parte de empresas privadas interesadas en verificar la veracidad de las bajas médicas de sus empleados.
Aunque estos casos se registran en todo el país, los territorios donde se concentran más investigaciones son el País Vasco y Canarias. Los sectores más afectados son el industrial y de servicios, con especial incidencia en la automoción, la hostelería y la construcción.
Ejemplos de fraude y un sistema que no protege al empresario
Los detectives ponen como ejemplo situaciones en las que un trabajador coge una baja inicial de dos semanas. Al finalizar el periodo, el médico le realiza una simple consulta telefónica y, sin pruebas adicionales, el empleado afirma seguir incapacitado, prolongando la baja. Este proceso puede repetirse durante 12 o 18 meses consecutivos, con el consiguiente coste económico para la empresa.
El colectivo alerta de que el sistema jurídico actual protege en exceso al trabajador y apenas ofrece cobertura al empresario, lo que dificulta atajar el fraude. Reclaman la creación de un protocolo nacional de control y seguimiento que permita detectar antes las irregularidades.
Efecto llamada y economía sumergida
Uno de los riesgos añadidos que subrayan los investigadores es el “efecto llamada”. Si un empleado consigue prolongar de forma irregular su baja, otros compañeros tienden a imitar el mismo procedimiento. En muchos casos, además, los trabajadores aprovechan el tiempo de la baja para realizar otras actividades complementarias acumulando dos sueldos, el oficial y otro paralelo sin declarar.
El papel de las administraciones públicas
Aunque la mayoría de encargos provienen de empresas privadas, desde hace dos años algunas administraciones públicas locales también han recurrido a los detectives. Ayuntamientos, diputaciones y consejerías han contratado sus servicios para investigar casos de absentismo entre funcionarios.
Sin embargo, a nivel estatal y autonómico la contratación resulta más delicada ya que se considera políticamente arriesgado justificar gasto público en “espías”, pese a que la APDPE insiste en que se trata de investigadores profesionales sujetos a la ley.
Para el colectivo, resulta urgente establecer un plan nacional que permita a las administraciones públicas recurrir a detectives privados sin estigmas y así combatir un absentismo que, sostienen, supone un serio problema para la economía del país.
Ley 5/2014 de Seguridad Privada
Uno de los reclamos centrales de la asociación es el reconocimiento institucional de su labor investigadora. Los detectives subrayan que su actividad está plenamente regulada por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, que les atribuye de manera “exclusiva y excluyente” la capacidad de realizar investigaciones de carácter privado.
La norma establece los requisitos de formación, acreditación y control bajo los que deben operar. Los profesionales están sujetos a un marco legal que regula tanto el acceso a la profesión como las metodologías de trabajo, las limitaciones de sus funciones y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos investigados. En este sentido, la APDPE defiende que su trabajo no solo es legítimo, sino también imprescindible para garantizar la transparencia en las relaciones laborales.
La Asociación Profesional de Detectives Privados de España
La APDPE, con casi 25 años de trayectoria, es la asociación mayoritaria del sector en España, con cerca de 400 asociados. Actúa como representante del gremio ante el Ministerio del Interior, órgano que regula su actividad, y cuenta además con tres colegios profesionales en Cataluña, Valencia y Galicia.
Desde la entidad, insisten en que es momento de abandonar la visión estereotipada del detective como espía de ficción y reconocerlos como investigadores privados cualificados, cuya función resulta clave para proteger a las empresas y, en última instancia, al conjunto de la economía.
