Prohibidos los vapeadores: el caso de Australia alerta de un aumento de la venta ilegal
Un informe demuestra que medidas restrictivas como las de Sanidad contra los cigarrillos electrónicos han fracasado en otros países
El ejemplo de Australia, recogido en un informe de la Fundación Alternativas elaborado por las juristas María Mercedes Serrano Pérez y Yolanda López Nieto, muestra cómo las políticas más duras han derivado en un auge del mercado negro y en un repunte del consumo entre los más jóvenes.
El nuevo marco legal español
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 28/2005. La reforma amplía los espacios sin humo, prohíbe la publicidad de los productos relacionados y, por primera vez, incluye la prohibición de venta de cigarrillos electrónicos desechables.
La norma equipara legalmente el tabaco con estos dispositivos, que incluyen vapeadores con y sin nicotina, bolsitas de nicotina y productos a base de hierbas para fumar.
También veta su uso en terrazas de bares, recintos deportivos, conciertos al aire libre, estaciones de transporte, parques infantiles y centros educativos, además de prohibir el consumo a los menores de edad, no solo la compra.
Australia: prohibición y prescripción médica
El informe de la Fundación Alternativas advierte de que el modelo australiano ha generado efectos contraproducentes. Desde 2024, el país prohibió la importación, fabricación y venta de vapeadores no terapéuticos. Solo se permiten aquellos considerados productos médicos, es decir, destinados a ayudar a dejar de fumar o a tratar la dependencia de la nicotina.
Para conseguirlos, los mayores de edad deben acudir a una farmacia y, en la mayoría de los casos, presentar una receta médica. Únicamente los dispositivos con una concentración igual o inferior a 20 mg/ml de nicotina pueden adquirirse sin prescripción, pero siempre bajo condiciones estrictas: identificación obligatoria, límite de cantidad mensual y asesoramiento farmacéutico. Los minoristas tradicionales, como estancos o tiendas especializadas, tienen prohibida su venta.
El resultado fue la proliferación de ventas ilegales, que ha situado a Australia en el puesto 64 de 67 países en el Effective Anti-Smoking Policies Global Index (en español: Índice Global de Políticas Antitabaco Efectivas).
El informe subraya que la rigidez normativa no ha reducido el consumo: entre 2018 y 2023 el vapeo en adolescentes pasó del 0,5% al 14,5%, mientras que el tabaquismo juvenil también creció, rompiendo 25 años de descensos.
El dilema de la regulación
La experiencia australiana contrasta con la de Suecia y Reino Unido, que apostaron por políticas más flexibles y han conseguido descensos notables en el tabaquismo. En el otro extremo, Australia ha visto cómo la falta de alternativas legales empuja a los jóvenes hacia el mercado negro.
En Nueva Zelanda, un enfoque intermedio —con campañas educativas, restricción de tiendas cerca de colegios y kits gratuitos de inicio para quienes quieren dejar de fumar— ha mostrado mejores resultados: la prevalencia de tabaquismo cayó de manera significativa mientras crecía el uso del vapeo como herramienta de reducción de daños.
España sigue la senda restrictiva
El Ministerio de Sanidad justifica su propuesta en la necesidad de proteger a los menores y en el crecimiento del consumo adolescente. Según la encuesta ESTUDES 2023, un 54,6% de los jóvenes de 14 a 18 años había probado cigarrillos electrónicos y un 26,3% los consumía habitualmente, frente al 14,9% en 2019.
El Gobierno defiende que la nueva ley responde a la evidencia científica y a la presión de sociedades médicas, además de alinearse con el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 y con las recomendaciones de la OMS y la Unión Europea.
Publicidad y sanciones
El texto aprobado incluye un régimen más duro contra la publicidad, tanto directa como indirecta. Se veta la presencia de logotipos en bares, discotecas y mobiliario urbano, y también el patrocinio de eventos culturales o deportivos. Asimismo, se prevén multas y sanciones específicas para quienes incumplan las nuevas disposiciones.
El Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, suprimido en 2014, será restablecido para coordinar políticas y evaluar el impacto de la ley. Además, se fija un periodo de adaptación de 12 meses para que fabricantes y distribuidores ajusten sus productos y etiquetas.
