Los inspectores alertan: la gestión privada de impuestos municipales pone en riesgo a los contribuyentes
El presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha criticado duramente al Gobierno porque, según él, no se han creado nuevas leyes locales desde hace décadas, lo que muestra abandono y falta de interés.
El Estado está desconectado de la gestión local, y eso genera problemas. Si se mejorara la legislación, los ciudadanos ahorrarían dinero en impuestos, pero las normas actuales son deficientes. Estas leyes provocan inseguridad jurídica, porque permiten que empresas privadas gestionen los impuestos locales, algo que él considera injusto.
Señala que sería impensable que los impuestos estatales los llevara el sector privado, pero eso es justamente lo que ocurre con los impuestos municipales.
Delgado ha valorado positivamente varias sentencias que han impugnado muchos contratos fraudulentos que provocaban que se quedaran con hasta el 80% de lo recaudado como comisiones. La última sentencia ha sido la admisión a trámite por parte del Juzgado de Lleida de la denuncia de la Asociación ante la supuesta externalización fraudulenta de la inspección tributaria provincial. Esto ha supuesto un avance muy importante contra "el abandono" que sufren desde hace décadas en España las Haciendas Públicas Locales.
El presidente de Anihpl piensa que esta externalización se traduce en la "expulsión del empleado público municipal y provincial", lo que conlleva "graves consecuencias" que "amenazan los derechos y garantías de los contribuyentes y el interés general". Por ello, estima que la participación de personas no integradas orgánica y funcionalmente en la Administración Tributaria supone "una intromisión ilegal en el ejercicio de las funciones".
Esta Asociación considera que el personal inspector"tiene la consideración de agente de la autoridad y que la tarea de las empresas adjudicatarias no se limita, como consta en los contratos, a asistir a las entidades locales, sino que los trabajadores de estas compañías realizan requerimientos a los contribuyentes, desarrollan actuaciones inspectoras y sancionadoras". Por ello creen "muy grave" que estas personas puedan conocer los planes reservados de la Inspección. "Más grave todavía, en ocasiones los elaboran, seleccionando de paso a los contribuyentes que pueden ser objeto de una inspección", han advertido.
Debido a esta situación, la asociación elaborará a lo largo del próximo año 2026 un informe sobre la "Externalización fraudulenta de los Servicios de Inspección Tributaria Local en España", la cual afecta a cientos de municipios que, ya sea directamente o por medio de las diputaciones provinciales, externalizan sus servicios.
Qué consecuencias tienen estos hechos para el sistema
La descentralización fiscal en España se consolidó con la Constitución de 1978, que otorgó autonomía financiera a los municipios. Sin embargo, la falta de reformas posteriores ha dejado a las Haciendas Locales con un marco normativo insuficiente para afrontar los retos actuales.
La externalización no solo genera inseguridad jurídica, sino que también incrementa los costes para los contribuyentes, ya que las empresas privadas cobran comisiones muy elevadas.
La pérdida de empleados públicos especializados debilita la capacidad de los municipios para gestionar sus recursos, lo que repercute en la calidad de los servicios públicos locales.
En la mayoría de países europeos, la inspección tributaria es una función reservada exclusivamente al Estado o a los entes locales, sin intervención de empresas privadas. España se convierte así en una excepción preocupante.
Qué medidas se podrían adoptar para evitar esta externalización
Los expertos proponen tomar medidas como una reforma integral de la legislación local, el refuerzo del personal público especializado, la prohibición de externalizar funciones inspectoras, y una mayor coordinación con el Estado para garantizar seguridad jurídica y proteger los derechos de los contribuyentes.
- Elaborar una nueva Ley de Haciendas Locales que actualice un marco normativo obsoleto. Se deberían incluir garantías explícitas que impidan que funciones reservadas a funcionarios públicos sean asumidas por empresas privadas.
- Es necesario reforzar el personal público, incrementando las plantillas de inspectores municipales y provinciales, así como, mejorar la formación y recursos tecnológicos.
- Limitar la participación de empresas privadas a tareas de apoyo administrativo, sin acceso a planes reservados ni potestad sancionadora.
- Crear un sistema de cooperación entre la Agencia Tributaria estatal y las Haciendas Locales, que permita compartir buenas prácticas y recursos.
- Reforzar los mecanismos de auditoría y control judicial sobre contratos de externalización.
- Asegurar que los contribuyentes sean atendidos por agentes de la autoridad, con garantías legales y administrativas.
- Evitar que empresas privadas seleccionen arbitrariamente a quién inspeccionar, lo que puede vulnerar principios de igualdad y transparencia.
Hay que recordar que, en los países europeos, la inspección tributaria es una función exclusiva del sector público. Esto nos hace reforzar la idea de que España necesita urgentemente una reforma para alinearse con los estándares internacionales.
