Un grupo de abogados pide el expediente de contratación de Alfonso Merlos como paso previo a la apertura de un proceso judicial
Pretenden esclarecer con qué criterio se contrató al periodista. El Colegio de Abogados de Madrid defiende que no tenía obligación de hacer un concurso público
El asunto del contrato de Alfonso Merlos con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) continúa sin resolverse. La decisión del ICAM de revisar la contratación de su director de comunicación no ha convencido a muchos colegiados que, según ha podido saber Confidencial Digital, ahora han pedido ver el expediente de contratación del periodista.
Este último paso lo ha dado la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) que ha remitido una carta al Colegio en la que reclaman acceder al procedimiento íntegro de contratación de la empresa mercantil Trocadero Comunicación S.L. Es decir, ver qué criterios se siguieron para escoger sus servicios y no otros.
Los colegiados explican que quieren tener toda la documentación necesaria para valorar si se cometieron irregularidades. Fuentes de ALA indican que según la respuesta que obtengan decidirán si emprender acciones legales.
Cabe recordar que, desde que hace unas semanas Merlos apareciera en toda la prensa española a causa de un vídeo, comenzaron a salir informaciones sobre una posible contratación irregular.
El decano del Colegio, José María Alonso, se había negado en varias ocasiones a facilitar este documento. Pero, finalmente se publicó este fin de semana y en el texto se refleja que el periodista fue contratado como persona jurídica a través de su sociedad mercantil, en lugar de como persona física. 
Fuentes del Colegio de Abogados consultadas por ECD defienden que esto no era ilegal, pero reconocen que están revisando el contrato. “Como consecuencia de todo esto sí estamos estudiando la posibilidad de que sea mejor o más acorde, hacerle un contrato directamente a él”.
Los colegiados se quejan de que se hiciera de esta manera para evitar pagar impuestos y lamentan falta de transparencia. Fuentes de la Junta de Gobierno reconocen que todo esto “está haciendo mucho daño al honor” de la Institución.
La clave está en lo que se acordó en la Junta
Uno de las claves que ALA señala de esta supuesta irregularidad es que la Junta de Gobierno de ICAM, que la forman 14 diputados, aprobó la contratación de los servicios de Merlos, pero no de su sociedad.
En este sentido, en la carta remitida al Colegio piden ver la “certificación literal del acuerdo de la Junta que permite la contratación de la sociedad Trocadero Comunicación y su fecha de adopción”. Los colegiados quieren entender por qué si se acordó contratar a una persona física, acabó haciéndose a través de la sociedad mercantil.
Fuentes del ICAM apuntan a que la responsabilidad fue de los Servicios Jurídicos del Colegio, que dirige Pedro Lescure. “Merlos nos dijo que si podíamos hacerlo así porque a él le venía mejor y servicios jurídicos no le vio ningún problema”, explican.
Un contrato sin firma
“Es un contrato leonino”, explica un abogado, “todos los beneficios los tiene él y el colegio ninguno”. Muchos colegiados lo achacan a la manera que el decano, José María Alonso, ha tenido de agradecer al periodista que llevara la comunicación de su campaña.
El contrato que se ha facilitado no tiene firma de ninguna de las partes, por lo que carece de valor jurídico. Otro grupo de abogados, la Unión de Abogados Españoles envió una carta la semana pasada también al Colegio para que se facilitara el contrato firmado.
El Colegio defiende que no pueden por un tema de protección de datos, sin embargo, el resto de contratos que están colgados en el Portal de Transparencia de la web sí aparecen firmados.
"En su momento se estimó que no había especial problema en contratar con una sociedad porque aportó cerficado de estar al corriente con sus obligaciones fiscales", explica Mabel Zapata, tesorera del ICAM.
Un procedimiento que se está revisando
El pasado lunes en una Junta de Gobierno se acordó mantener al director de comunicación pero con condiciones. “Estoy revisando el contrato y tomaremos una decisión la próxima semana”, explica Mabel Zapata.
Sobre el proceso de contratación, Zapata explica que el Colegio no tenía obligación de hacer un concurso público. “Legalmente no estamos obligados, porque no somos una empresa pública”.
Además, asegura que el Colegio se está esforzando en realizar los procedimientos con la mayor transparencia. “Hemos hecho un protocolo, posteriormente a esto, de compra de proveedores que nos obliga a pedir siempre tres presupuestos para ver cuál es el mejor. Las últimas contrataciones, por ejemplo la del director general, la hemos hecho así. viendo como mínimo a tres personas”.
Otras medidas que la Junta aprobó adoptar es que sea incompatible con el contrato que el periodista acuda a tertulias televisivas a dar su opinión, puesto que esto también ha levantado muchas críticas entre los colegiados. "Somos miles de abogados con ideologías muy diferentes. No puede ser que el director de comunicación de una institución como esta esté por ahí dando su opinión y criticando a unos y a otros porque es la cara visible del Colegio", dicen estas fuentes.
