La expulsión de 27 diplomáticos rusos ha dejado bajo mínimos la capacidad de espionaje de Moscú en España

El Informe de Seguridad Nacional celebra que las represalias contra las embajadas de Rusia en Europa han mermado las operaciones de los servicios de inteligencia hostiles

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Esperanza Casteleiro.
La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro.
  1. Espías rusos
  2. Cumbre de la OTAN
  3. Contrainteligencia del CNI
  4. Presidencia española de la UE
  5. Control sobre opositores en España
  6. Coberturas para espías
  7. Ciberataques a Exteriores, Presidencia y Defensa
  8. Propaganda y desinformación
La expulsión de 27 diplomáticos rusos ha dejado bajo mínimos la capacidad de espionaje de Moscú en España.

Del máximo en nueve años al mínimo. El “Índice de actividad de los servicios de inteligencia extranjeros en España” que elabora anualmente el CNI registró en 2022 una caída notable, que está vinculada a un hecho decisivo: la expulsión de 27 personas que tenían acreditación diplomática de la Embajada de Rusia en España.

Un mes después del inicio de la invasión rusa de Ucrania a gran escala, diferentes gobiernos occidentales comenzaron a valorar represalias diplomáticas contra Rusia. El motivo era la indignación por las denuncias de supuestas matanzas rusas de civiles ucranianos en ciudades ocupadas como Bucha.

En muchos casos, las decisiones de expulsar de Francia, Italia, Alemania... a los diplomáticos rusos se justificó alegando que esas personas estaban desarrollando actividades incompatibles con su estatus diplomático. Ese es el eufemismo tradicional empleado para acusar a estas personas de espiar para los servicios de inteligencia, en este caso de Rusia.

En España, ECD adelantó que el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba valorando expulsar de España incluso al embajador ruso, Yuri Korchagin, también bajo esa acusación de desarrollar actividades incompatibles con su estatus diplomático, o sea, señalándolo como responsable de acciones de espionaje. Finalmente, no se atrevió a expulsar al embajador, pero sí se ordenó la salida de 27 personas con acreditación diplomática.

Esta decisión tuvo una influencia notable en la actividad en España de los servicios de inteligencia extranjeros. Así lo recoge el Informe Anual de Seguridad Nacional correspondiente al año 2022.

Este informe lo elabora el Departamento de Seguridad Nacional, un órgano del Gabinete de la Presidencia del Gobierno que asesora al presidente del Gobierno en cuestiones de seguridad. Recoge datos e información de los ministerios con representación en el Consejo de Seguridad Nacional (Exteriores, Justicia, Defensa, Hacienda, Interior, Transición Ecológica, Sanidad, Transportes...) y del Centro Nacional de Inteligencia.

Hace unos años, este documento incluía un apartado sobre “Contrainteligencia”, es decir, la actividad de los servicios de inteligencia españoles (el CNI, principalmente) para evitar la infiltración y controlar los movimientos de servicios de inteligencia extranjeros en nuestro país. Actualmente, ese capítulo se denomina “Espionaje e injerencias en el exterior”.

El Informe Anual de Seguridad Nacional de 2022, recién elaborado, recoge que “en un contexto de creciente competitividad geoestratégica la actividad de los Servicios de Inteligencia (SI) hostiles se mantiene como una seria amenaza”, y apunta que “la invasión rusa de Ucrania y la estrategia política de algunos países han influido sobre los objetivos y la agresividad de los Servicios, que han visto incrementadas sus necesidades de información”.

A continuación, como elemento más destacado en la evolución del espionaje extranjero en España durante el año pasado, explica que “en abril de 2022 se llevó a cabo la expulsión de 27 diplomáticos rusos de territorio español, como parte de las medidas consensuadas con el resto de países de la UE a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, lo que ha tenido un efecto negativo sobre su capacidad de operar sobre territorio europeo y ha influido, entre otros factores, en el índice de actividad de los Servicios de Inteligencia extranjeros”.

 

Ese “Índice de actividad de los Servicios de Inteligencia extranjeros” es un baremo que elabora el CNI, cuya directora es la Autoridad Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, y que tiene un departamento dedicado precisamente a vigilar a los agentes de inteligencia extranjeros en España.

En estos informes no se detalla en qué se basa el CNI para resumir en un número el mayor o menor nivel de actividad de los espías extranjeros en nuestro país. Sin embargo, hay que señalar que la gráfica de este último informe, que analiza lo sucedido a lo largo de todo 2022, es muy reveladora.

Hace un año, el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2021 alertó de que el nivel de actividad de los servicios de inteligencia extranjeros en España se había disparado a cifras récord (107). Este índice registró un pico en 2017, el año de la intentona secesionista en Cataluña. En torno a esos movimientos para tratar de alcanzar la independencia por parte del Govern de Cataluña hubo actividad de servicios de inteligencia extranjeros.

Los dos años siguientes el índice quedó por debajo del nivel de 2017 (100, 103). En 2020, el año de la pandemia del coronavirus, el confinamiento domiciliario no impidió que se disparara ese nivel a un récord: 122, sobre una escala que el CNI tampoco detalla, pero que estaba muy por encima de los datos desde 2013, que rondaban los 80-100.

El espionaje extranjero volvió a tener una actividad notable en 2022, con un nuevo récord: un nivel 137 en las gráficas que elabora el CNI.

Pues bien: desde ese 137, el Índice de actividad de los Servicios de Inteligencia extranjeros se hundió en 2022 a 80, por debajo del mínimo de la serie, los 86 de 2013.

Espías rusos

Hay que tener en cuenta que los capítulos sobre “Contrainteligencia” o “Espionaje e injerencias extranjeras” de los Informes Anuales de Seguridad Nacional son siempre calculadamente poco concretos. Nunca identifican concretamente qué servicios de qué países son más activos en España, ni tampoco da ejemplos precisos de a qué tipo de personas se ha descubierto realizando misiones de espionaje en España.

Sin embargo, en este informe sí se vincula directamente el brusco descenso en los movimientos de los servicios de inteligencia extranjeros, con la expulsión de 27 diplomáticos acreditados en la Embajada de Rusia en España.

Fuentes de inteligencia consultadas por ECD señalan que ya días antes de que se hiciera oficial, en abril de 2022, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de echar de España a un grupo de diplomáticos rusos, en los servicios españoles circulaba la consigna de que no había que molestarse demasiado en seguir, en mantener vigilados a los miembros de los servicios de inteligencia rusos que operan en España, precisamente porque iban a ser expulsados.

La lista del personal expulsado nunca se ha hecho pública, como tampoco la de los españoles que fueron expulsados de la embajada en Moscú, como respuesta del gobierno de Vladimir Putin.

Pero se daba por hecho que, en ese grupo de rusos, España había aprovechado para deshacerse de los rusos que trabajaban en nuestro país para los servicios de inteligencia rusos: el SVR (la inteligencia exterior), el FSB (la inteligencia interior), el GRU (inteligencia militar)...

Fuentes españolas conocedoras de este movimiento aseguraban, meses después de las expulsiones, que “todos” los rusos expulsados efectivamente tenían, de una forma u otra, vínculos con los servicios de inteligencia rusos.

Hay que tener en cuenta que los servicios de inteligencia cuentan con representantes oficiales en los países extranjeros. Es decir, el mismo CNI tiene oficiales de inteligencia acreditados en embajadas de España en otros países.

Son, por así decir, “espías legales”, miembros de los servicios de inteligencia que su propio país admite que lo son, y que mantienen interlocución oficial con los servicios del país receptor.

Pero los servicios de inteligencia utilizan también otros agentes, “ilegales”. Algunos tienen cobertura diplomática, pero no como oficiales de inteligencia. Sobre el papel tienen otra función: son diplomáticos, agregados comerciales, personal del departamento de comunicación y prensa, agregados militares, agregados culturales... incluso personal de servicios, técnicos.

Estas personas cuentan con protección diplomática, como personal de la embajada o de los consulados. Pero en ocasiones despiertan las sospechas de los servicios de contrainteligencia locales, y se les ‘caza’ llevando a cabo actividades que no son propias de su supuesta misión como diplomáticos o agregados militares, comerciales o culturales.

Entonces se convierten en objetivo de los servicios locales, que tratan de evitar que obtengan información clasificada, o que se acerquen a funcionarios que trabajan en puestos sensibles de la administración.

Si sus actividades son demasiado molestas, se trata de expulsarlos de alguna forma. Y si, como ocurrió en 2022, el gobierno busca aprobar medidas de represalia diplomáticas contra otro país, se suele aprovechar para echar a quienes trabajan para los servicios de inteligencia, abiertamente o de tapadillo, para así deshacer las redes de espionaje que hubieran podido crear.

En relación a lo sucedido en 2022, bien sea casualidad o no -y el informe parece apuntar que no lo es-, lo cierto es que la expulsión de 27 diplomáticos rusos coincidió con una caída en picado de la actividad de los servicios de inteligencia extranjeros en España.

Cumbre de la OTAN

Cabe añadir, eso sí, que esta circunstancia no paralizó por completo los movimientos de los espías extranjeros en nuestro país, ya que el mismo Informe Anual de Seguridad Nacional indica que algunos servicios se mostraron especialmente agresivos en la búsqueda de información.

El documento del Departamento de Seguridad Nacional, y este capítulo que procede principalmente del CNI, destaca que se produjo en 2022 “un aumento de las actividades de Oficiales de Inteligencia (OI) principalmente vinculadas a la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid y a la futura presidencia del Consejo de la UE que ostentará España en el segundo semestre de 2023”.

Los jefes de Estado y Gobierno de todos los miembros de la OTAN se reunieron a finales de junio en Madrid, acompañados de ministros y de altos mandos militares. La cumbre, sin duda, se convirtió en un objetivo de primer orden para los servicios de inteligencia de muchos países, incluidos los principales rivales geopolíticos de la Alianza Atlántica.

La reunión se celebró a los cuatro meses de la invasión rusa de Ucrania a gran escala, y estuvo condicionada por completo por la ‘guerra fría’ entre Rusia y la OTAN, cuyos países estaban ya mandando armas a Ucrania para que sus fuerzas armadas resistieran las ofensivas rusas.

Contrainteligencia del CNI

El informe señala que “el seguimiento de las actividades de espionaje e injerencia contra intereses españoles es la principal prioridad del CNI. El objetivo del Servicio de Inteligencia español es prevenir acciones hostiles de terceros Estados que puedan alterar la estabilidad política, social y económica de España, así como la soberanía e integridad territorial”.

Y en ese sentido destaca que “la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid, en junio de 2022, supuso una intensificación de las labores de contrainteligencia del CNI y un refuerzo de la coordinación con los Servicios de Inteligencia aliados, con el fin de garantizar la correcta celebración de dicho encuentro”.

Presidencia española de la UE

Para 2023, el informe alerta de que “las decisiones e iniciativas promovidas por España durante dicha presidencia” semestral de la Unión Europea, que se extenderá de julio a diciembre, “podrían ser objeto de las actividades de diversos servicios de inteligencia hostiles”.

A este respecto no hay que perder de vista que Pedro Sánchez viajó recientemente a China para reunirse con el presidente Xi Jinping, y en la Unión Europea hubo cierta incomodidad por si pudiera arrogarse un papel de mediador en la guerra de Ucrania.

La Presidencia de turno de la UE otorga al país cierto protagonismo, le permite organizar grandes cumbres en su territorio, y además puede dar prioridad a ciertos debates.

Control sobre opositores en España

Aunque cayera notablemente la actividad de los servicios extranjeros, eso no obsta para que el Informe Anual de Seguridad Nacional relate -de nuevo, de manera imprecisa- que “por lo que respecta a la presencia en España de Servicios de Inteligencia, ya sea con oficiales de inteligencia declarados o mediante agentes itinerantes, puede afirmarse que se ha mantenido más o menos estable en comparación con periodos anteriores, y sigue focalizada en el control de sus respectivas colonias para localizar a posibles opositores, así como en alinear las posturas de la comunidad internacional a favor de sus propios intereses”.

Estos informes dan a entender, año tras año, que por España pasan en ocasiones esos “espías itinerantes”, que no están focalizados en nuestro país, sino que en ocasiones utilizan el territorio nacional en operaciones vinculadas a otros estados.

Y otra constante es la vigilancia de las comunidades de emigrantes. En España viven grupos numerosos de extranjeros a los que ciertos gobiernos tienen un interés especial en controlar: cubanos, venezolanos, marroquíes (incluidos los saharauis)...

Los servicios de inteligencia suelen moverse en los ambientes de estos emigrantes, muchas veces opositores a los gobiernos de sus países, para tenerlos bajo control.

Coberturas para espías

Sobre las actividades de agentes de inteligencia en España durante 2022, el Informe Anual de Seguridad Nacional revela que se detectó un incremento significativo “del uso de coberturas menos tradicionales que les permitan acceso a ámbitos como el científico, el académico y el tecnológico”.

En informes anteriores se alertaba de que los espías extranjeros utilizaban como cobertura figuras de diplomáticos, o incluso periodistas, pero cada vez más optan por otros perfiles.

Por eso, “entre los futuros retos debe estar el de sensibilizar al respecto de estos riesgos al personal que trabaja en empresas del ramo, ya sean estas públicas o privadas”.

Ciberataques a Exteriores, Presidencia y Defensa

El espionaje cada vez más se da tanto de forma tradicional, con contactos personales de agentes sobre el terreno, como por ataques informáticos.

“Las campañas de ciberespionaje de Servicios de Inteligencia hostiles siguen teniendo como objetivo principal a las administraciones y organismos públicos de países occidentales, especialmente aquellas con acceso a información estratégica relacionada con la OTAN y la UE, de gran relevancia en el actual contexto geopolítico”, alerta el informe.

En la Administración General del Estado, los ciberespías tienen tres objetivos prioritarios: el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Defensa.

No hay que olvidar el precedente de la infección con el software espía Pegasus en los teléfonos móviles de Pedro Sánchez, de Margarita Robles y de Fernando Grande-Marlaska, un caso grave de espionaje a tres de las personas con acceso a más información sensible en España. Oficialmente no se ha identificado al país responsable de este ciberespionaje.

Propaganda y desinformación

Por último, en 2022 se detectaron otras formas de injerencia extranjera en España.

“Los países más hostiles a Occidente han adaptado sus estrategias híbridas al nuevo escenario internacional creado como consecuencia de la invasión de Ucrania”, se advierte en este capítulo del Informe Anual de Seguridad Nacional.

“Para ello, además de herramientas híbridas tradicionales, como agentes de influencia, ONG, Servicios de Inteligencia, oligarcas, etc., se emplean instrumentos mucho más agresivos y dañinos”, se explica.

El año pasado se pudo ver “como se explotaba la dependencia energética de Europa de los suministros de gas y petróleo, con la finalidad de debilitar sus economías y, en última instancia, romper los consensos europeos respecto a las sanciones y a la invasión de Ucrania”.

Esos mismos países hostiles a Occidente (no se citan expresamente) “han desarrollado sus aparatos de propaganda y desinformación, logrando perfeccionar la difusión de narrativas antioccidentales, para lo que cuentan con una red de propagación en medios de comunicación y redes sociales que persigue influir en la opinión pública española”.

Sobre este ámbito, “se ha detectado una coincidencia entre las narrativas de distintos orígenes en contra de la OTAN, la UE y, en general, de las democracias occidentales”.

Según el informe del Departamento de Seguridad Nacional, “se espera que esta actividad dañina se mantenga e incluso aumente si surgieran acontecimientos internacionales que contrapongan la posición de estos países a la defendida en Occidente”.

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