Defensa asegura que no existen actas del comité que retira símbolos franquistas
El Consejo de Transparencia le instó a entregárselas a un particular. El ministerio ha indicado al solicitante que tampoco consta que este órgano recibiera ningún informe jurídico
- Un comité para aplicar la ley
- Peticiones de Transparencia
- Las actas de las reuniones
- “No existe acta oficial que pueda entregarse”
- Retirada de laureadas al bando sublevado
- La cripta del Alcázar de Toledo
El Comité de Seguimiento que creó el Ministerio de Defensa para el estudio, la coordinación y la planificación de las actuaciones que se deriven de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, es decir, para borrar símbolos y referencias que exalten a figuras de la dictadura franquista, no elabora actas oficiales.
Esa es la respuesta que, según ha podido saber Confidencial Digital, ha dado finalmente el departamento de Margarita Robles a un particular que, al amparo de la Ley de Transparencia, solicitó información sobre la actividad de ese comité.
Un comité para aplicar la ley
La aprobación de la Ley de Memoria Democrática suponía endurecer los criterios para eliminar de las administraciones públicas vestigios que se pueda entender que homenajean o exaltan al bando sublevado de la Guerra Civil, a la dictadura de Franco y a sus protagonistas y simbología.
El Ministerio de Defensa ya había retirado símbolos que contravenían la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007. Pero la nueva norma es más amplia, por lo que podía haber elementos que se respetaron con la ley de 2007, y que ahora se puede considerar que han de ser eliminados porque incumplen la Ley de Memoria Democrática.
Para aplicar la nueva ley, el ministerio creó un comité. Lo preside la subsecretaria de Defensa, el vicepresidente es el secretario general técnico del ministerio, y participan también la directora del Gabinete de la ministra; el director general de Personal; el director general de Infraestructuras; los Segundos Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada; el asesor jurídico General de la Defensa; el director del Gabinete Técnico de la secretaria de Estado de Defensa; el director del Gabinete Técnico de la Subsecretaria de Defensa; el director del Gabinete Técnico del Secretario General de Política de Defensa; y la subdirectora General de Publicaciones y Patrimonio Cultural.
Aún sin esperar a constituir ese comité, Margarita Robles firmó el cambio de nombre de la Iª Bandera ‘Comandante Franco’ de Tercio 1º ‘Gran Capitán’, de Melilla, que rebautizó como Iª Bandera ‘España’.
Peticiones de Transparencia
Poca información se ha conocido públicamente sobre la actividad del comité de Defensa para aplicar la Ley de Memoria Democrática.
El ministerio recibió varias solicitudes de acceso a información pública para que desvelara datos y facilitara documentos, como un listado de elementos contrarios a la Memoria Histórica que se retiraron para cumplir con la ley de 2007, y las actas del comité.
Frente a la negativa a entregar las actas del comité, y a aportar otros datos sobre la actividad del mismo órgano, el solicitante presentó dos reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este organismo atiende las quejas de los ciudadanos, cuando consideran que una administración pública no le ha dado una respuesta correcta en el marco de la Ley de Transparencia.
Las actas de las reuniones
Confidencial Digital ha podido consultar dos resoluciones del Consejo de Transparencia, que estimaron las reclamaciones de este particular.
En una de las resoluciones, Transparencia instó a Defensa a entregar en el plazo de diez días “todas las actas emitidas por el Comité de Seguimiento de la Ley de Memoria Democrática del Ministerio de Defensa, desde su constitución”.
También le instó a enviarle “todos los requerimientos de actuaciones o peticiones que ha recibido dicho Comité, en especial los del Senador Mulet, pero insisto en que solicito todos”. Carles Mulet es un senador de Compromís, muy activo en presionar a las administraciones para que eliminar todo rastro de recuerdo u homenaje a personalidades relacionadas con la dictadura de Franco, en las calles de pueblos y ciudades, en unidades e instalaciones de las Fuerzas Armadas...
Además, Transparencia ordenó al ministerio que entregara “todos los informes que ha recibido dicho Comité de Seguimiento, tanto jurídicos como de otra índole, en el ejercicio de sus funciones”, y “copia de la publicación en el BOE de la creación de dicho Comité así como Reglamento sobre su funcionamiento”.
En la otra resolución, instó a Defensa a revelar el “número de veces que se ha reunido el comité de Seguimiento para verificar el cumplimiento de todas las actuaciones que se deriven de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática”, y “las decisiones que ha tomado este organismo”.
“No existe acta oficial que pueda entregarse”
El Ministerio de Defensa cumplió este mes de septiembre la instrucción del Consejo de Transparencia.
Envió al solicitante un documento en el que explicó que el Comité de Seguimiento que creó el Ministerio de Defensa aplicar la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática “es un órgano con función asesora, que no tiene facultades decisorias, ni de emisión de informes preceptivos o vinculantes, siendo su actividad de apoyo o auxiliar”.
A continuación, el ministerio señaló que “no existe acta oficial aprobada en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda entregarse al reclamante”.
Ese precepto legal establece que “de cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados”. Además, “podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado”.
Defensa asegura que no existen actas oficiales aprobadas por el comité de seguimiento de la Ley de Memoria Democrática, pero sin que quede claro si es que no hay ningún acta, o ningún acta aprobada en los términos de esa ley y que se pueda entregar.
En cualquier caso, el solicitante no recibió las actas pedidas.
Cabe apuntar que la web El Español Digital publicó en noviembre de 2022 el acta de constitución del comité, en la que se recogían las primeras decisiones adoptadas: realizar una propuesta de inventario en todas las unidades militares, antes del 31 de enero de 2023, para identificar qué denominaciones de unidades pueden considerarse contrarias a la Memoria Democrática.
Retirada de laureadas al bando sublevado
El Ministerio de Defensa también remitió otros dos documentos. Le facilitó copia anonimizada de la carta que envió al ministerio el presidente de la Asociación por la Memoria Militar Democrática.
Esta asociación tiene como objetivo “erradicar las ideologías de carácter totalitario y antidemocrático de entre los miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil”. En sus estatutos recoge fines como “denunciar la ilegítima y criminal suplantación del orden constitucional de la II República por parte de un sector golpista de las fuerzas militares, en alianza con la Alemania nazi y la Italia fascista”, y “poner en evidencia la persistencia de la mentalidad franquista entre los mandos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil”.
En la carta, el presidente (un capitán de Navío retirado) trasladaba varias peticiones para eliminar de las Fuerzas Armadas vestigios franquistas. Por ejemplo, solicitó retirar todas las medallas, condecoraciones y distinciones militares que se concedieron a militares y a unidades que combatieron en el bando sublevado de la Guerra Civil de 1936-1939.
Otra idea que presentó consistía en que el Estado realice un reconocimiento oficial, solemne, de los combatientes del ejército republicano en la Guerra Civil, que anulara los “expedientes represivos” a los militares republicanos que fueron depurados una vez cayeron prisioneros o cuando terminó la guerra, y que aprobara un reconocimiento para quienes lucharon en el maquis y las guerrillas antifranquistas una vez acabada la guerra, y otro para los republicanos españoles que combatieron en la Resistencia Francesa y en los ejércitos aliados en la Segunda Guerra Mundial.
El Ministerio de Defensa no respondió a esa carta, así que la asociación contactó con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Pero la respuesta tampoco fue satisfactoria.
La cripta del Alcázar de Toledo
Por último, al solicitante le entregaron copia de un documento del comité, en el que se daba cuenta de que alguien había querido “comparecer” ante este órgano del ministerio para que se les consideraran parte interesada en la posible exhumación de los restos mortales de algunas personas que se encuentran enterradas en la cripta del Alcázar de Toledo.
Estas tumbas también están en el punto de mira por la Ley de Memoria Democrática. Hay más de 200 personas enterradas, entre ellos, el teniente general José Moscardó, quien resistió en el Alcázar el asedio republicano en los primeros meses de la Guerra Civil, y el teniente general Jaime Milans del Bosch, que participó en la resistencia y luego fue condenado por el golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981.
